De una empanada callejera en Bogotá a una papa frita en Washington
Orlando Muñoz Neira
Abogado admitido en la Barra de Nueva York
Hace más de dos años, la opinión pública colombiana se escandalizó por el comparendo que, en Bogotá, agentes de la Policía Nacional impusieron a una joven por comprar una empanada callejera. El comparendo implicaba el pago de una multa de más de 800.000 pesos, dinero que bien alcanzaría para comprar cientos de empanadas. Según la versión oficial, la sancionada, con palabras soeces, desobedeció una orden de los uniformados que realizaban acciones de recuperación de espacio público ocupado por vendedores ambulantes.
Aunque pronto la Corte Constitucional zanjó el asunto al decir que comprar lícitamente productos a vendedores ambulantes no es comportamiento contrario al cuidado del espacio público (Sent. C-489/19), es bueno saber que este tipo de sanciones no son exclusivas del realismo mágico criollo. Quiero hacer memoria de una de ellas: en el año 2000, las autoridades del Metro de Washington (EE UU), cansadas de comportamientos inapropiados de jóvenes en ese medio de transporte, adoptaron una política de cero tolerancia frente a ciertos comportamientos, entre ellos comer o beber dentro del metro. Violar esta medida traía como consecuencia un comparendo con una multa entre 10 y 50 dólares para adultos, pero para menores de edad, la medida por imponer era la de arresto.
Un buen día, Ansche Hedgepeth, una niña de 12 años, entró a una estación del metro con un paquete de papas fritas que había comprado en un restaurante de comidas rápidas. Dentro de la estación, optó por comerse una de las papas. Minutos después fue detenida por un policía de la estación, vestido de civil, el cual la arrestó y le puso las esposas con las manos atrás. Luego fue llevada a un centro de detención para adolescentes, donde fue fotografiada y reseñada. Un par de horas después, la menor fue entregada a su madre. Y todo esto ocurrió por haberse comido una simple papa frita en el Metro de Washington.
El caso, como era de esperarse, llegó a los estrados judiciales. Los abogados de la menor formularon una acción civil por privación de derechos ante un juez federal. El juez de primera instancia no le dio la razón a la joven. Tampoco la Corte de Apelaciones de Washington, que, en una sala de decisión de tres jueces, entre ellos quien ahora ocupa la Presidencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos (John Roberts), estimó que para la autoridad policial que detuvo a la niña existía causa probable para arrestar, dada la clara violación de la disposición que prohibía comer o beber dentro de las estaciones del metro (Hedgepeth v. Washington Metropolitan Area Transit Authority, No. 03-7149, 2004).
La argumentación de la decisión es extensa como para resumirla en esta columna, pero de allí se puede rescatar que la Corte de Apelaciones estimó que la diferencia entre sanciones a menores o adultos por infracciones a la mencionada prohibición (comer o beber en el metro) tenía fundamento razonable. Esa corte también citó otros asuntos en los que la jurisprudencia privilegiaba la discrecionalidad que un agente de policía debe tener para tomar decisiones urgentes en situaciones particulares que ocurren en lugares públicos. De todas maneras, la Corte notó que nadie podía estar feliz con el desenvolvimiento de este caso, tanto que la misma autoridad del metro había decidido modificar las drásticas medidas que llevaron al arresto de la adolescente.
No quiero sugerir que el resultado judicial final de la empanada colombiana deba ser igual a la de papa frita americana, pero sí advertir que en no pocas ocasiones el diseño de las normas sancionatorias que el Congreso de la República aprueba no tiene en cuenta algo de sentido común: la inflexibilidad de muchas normas choca de frente con el muro de la realidad, pocas veces consultada por el fragor de políticos que quieren comprar al electorado con leyes bien drásticas en el papel, pero insensatas a la hora de ser aplicadas.
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