Perspectivas históricas de los derechos humanos en Colombia

Jorge González Jácome

Profesor asociado y director del Doctorado en Derecho Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

 

La década de los setenta marcó un antes y un después en la movilización por los derechos humanos en Colombia. Al igual que lo ocurrido en otros países de América Latina, la profundización de las prácticas autoritarias asociadas con los estados de sitio paradójicamente contribuyó a producir un espacio peligroso y limitado para que los ciudadanos se movilizaran para rechazar el autoritarismo de la época. La irrupción de la movilización por los derechos humanos, que encontró eco en las organizaciones internacionales, cambió para siempre la política de la región y mostró cómo era posible que el lenguaje del Derecho contribuyera a impulsar transformaciones democráticas. En este artículo quisiera dar un vistazo a este inicio de los derechos humanos en Colombia para comprender qué preguntas urgentes puede plantearnos esta historia para los investigadores que se interesan por el Derecho y la movilización social en el país.

 

Una de las perplejidades de esta historia es que el camino para que algunas organizaciones sociales creyeran en los derechos humanos como herramienta de transformación y de freno a prácticas autoritarias no fue sencillo. El telón de fondo de la Guerra Fría lanzaba un signo de interrogación respecto a la posibilidad de encontrar espacios discursivos y legales que se distanciaran de las polaridades en este conflicto. Así, por ejemplo, algunos juristas de mediados de los años setenta no encontraban cómo operativizar el lenguaje de los derechos humanos en el marco del incipiente sistema interamericano adscrito a una Organización de Estados Americanos que era vista como apéndice del imperialismo estadounidense.

 

La sombra de esta sospecha se extendió, incluso, hasta 1977, cuando Carter anunció en EE UU que los derechos humanos serían clave en la política exterior de ese país. Diversos pensadores y juristas locales sospecharon si el lenguaje de derechos humanos era la forma de lavarle la cara a un imperialismo estadounidense en decadencia luego de la estrepitosa salida de Vietnam. Las convicciones teóricas de sectores de la izquierda local que dudaban sobre la efectividad del uso del Derecho para la transformación social también contribuyeron al debate y a la sospecha.

 

El lenguaje del Derecho

 

Por su parte, los gobiernos autoritarios de la región avanzaban hacia una comprensión de la legalidad en donde primaba la idea de que el Derecho era un lenguaje que los habilitaba y legitimaba para actuar, sacrificando la visión del Derecho como límite al poder del Estado. El uso de la legalidad por parte de las dictaduras militares que llegaron al Cono Sur, por ejemplo, muestra el arraigo que dentro de los regímenes autoritarios tenía una idea del uso del Derecho para legitimar el accionar del Estado.

 

El Derecho fue entendido como un manto permisivo. El debate que se dio en 1978 en la Corte Suprema de Justicia colombiana alrededor del Estatuto de Seguridad (D. 1923/78) muestra el limitado (casi nulo) papel que se le podía atribuir a los derechos humanos como límite al poder del Estado. La posición mayoritaria de la Corte declaró la constitucionalidad de gran parte de un decreto que estableció una especie de Código Penal que aumentó penas para varios delitos y consagró unos nuevos. Los magistrados que salvaron el voto en esa sentencia difícilmente lograban basar sus argumentos en la protección de los derechos y se concentraron, casi todos, en interpretaciones textualistas e históricas sobre el significado de algunos artículos de la Constitución que, según ellos, prohibían que los militares pudieran juzgar a los civiles.

 

¿Cómo movilizar el discurso de derechos humanos para vencer el escepticismo y lograr que se erigiera también como un límite a la autoridad? El Foro Nacional por los Derechos Humanos, que se celebró en Bogotá en 1979, contribuyó para que esto ocurriera. Esta fue una de las primeras reuniones con alcance nacional que tomó el término “derechos humanos” como bandera. Diversas organizaciones sociales acudieron a esa convocatoria, con el fin de compartir las formas como las prácticas autoritarias los habían afectado (torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones) y plantear caminos para que se pudiera limitar el accionar del gobierno del presidente Julio César Turbay.

 

Las denuncias de las diversas organizaciones que llegaron al encuentro relataban hechos a los que algunos medios de comunicación les hacían eco. Pero la pregunta jurídica de fondo de la época, que puede resultar extraña para quienes se formaron después de la promulgación de la Constitución de 1991, que consagró el bloque de constitucionalidad, era cómo operativizar el Derecho interno para unir a Colombia a una lucha que se daba en diversos puntos de América Latina y cuyo objetivo era hacer frente a la visión de un Derecho al servicio de la legitimación del poder y la autoridad mediante el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

 

Gran protagonista

 

Una de las figuras más sobresalientes que intentó dar respuesta a este asunto fue Alfredo Vázquez Carrizosa. Toda historia de las movilizaciones sociales termina contando parte de los logros a partir de algunos héroes. Vázquez Carrizosa fue uno de esos héroes sobresalientes del movimiento de derechos humanos colombiano de finales de los años setenta. Su nombre generó consenso entre los movimientos sociales para que él fuera quien abriera y presidiera el Foro Nacional por los Derechos Humanos. Sus credenciales radicaban menos en el hecho de que hubiera sido Ministro de Relaciones Exteriores a principios de la década o miembro de la élite y más en el hecho de que desde hacía tiempo defendiera el uso de los derechos humanos como límite al poder.

 

Las visiones con las que llegó al foro fueron fruto de un trabajo académico de larga data que tomó forma en un lúcido libro de derecho constitucional titulado El poder presidencial en Colombia, en el cual atacaba las estructuras y la práctica del Poder Ejecutivo en el país. La instalación del foro fue una oportunidad para que pusiera a jugar sus ideas desarrolladas en la academia en el debate por los derechos humanos en Colombia y lanzara unas pistas importantes sobre el uso del Derecho para la transformación política.

 

Vázquez inauguró el foro con la conferencia La cara oculta del Derecho, en la que criticó el Estatuto de Seguridad de la administración Turbay y no dudó en posicionar este decreto y las prácticas de tortura de la época en el marco de la doctrina de seguridad nacional, que había contribuido a la llegada de los militares al gobierno en el Cono Sur. La forma legal de combatir estas nuevas prácticas autoritarias radicaba en reconectar la Constitución de 1886 y sus derechos con una “tradición republicana de Colombia” que se podía rastrear hasta el siglo XVIII y a las luchas por la independencia. La defensa de los derechos y las libertades había estado en el centro del nacimiento de Colombia como lo evidenciaba la traducción de Nariño de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La limitación constitucional al poder político era un elemento clave en la identidad jurídica nacional y una herencia común que el foro se debía empeñar en rescatar.

 

“Que nadie se equivoque”, decía Vázquez, “sobre lo que somos y sentimos los colombianos, que llevamos en el cuerpo y en el alma la convicción arraigada de que deben ser mantenidos los derechos y garantías consignadas en la Constitución que nos rige”. La cara oculta del Derecho era aquella que el autoritarismo había escondido al considerar que nuestro ordenamiento jurídico lo único que hacía era habilitar al Ejecutivo para normalizar el estado de sitio. Los derechos humanos permitirían rescatar la cara oculta de la tradición e identidad democrática que podía encontrarse en la propia Constitución. Lo que resulta fascinante de este discurso de Vázquez es que nos muestra la sensibilidad de una generación que no veía que la reforma constitucional fuera el camino y confiaba aún en que era posible transitar las sendas de la democracia y el republicanismo desde la propia Constitución de 1886. El foro confirmó que las prácticas de tortura y malos tratos a personas detenidas arbitrariamente, así como la violación de normas de debido proceso en los juicios militares, no eran solo casos aislados. Por su parte, Vázquez fue elegido como presidente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, erigiéndose como una de las figuras más relevantes de los primeros años del movimiento.

 

Dos vertientes

 

Los años que vinieron profundizaron la lucha entre un gobierno que ignoró o deslegitimó los reclamos del movimiento de derechos humanos y una creciente movilización social que encontró en estos una forma no solo de denunciar la violencia, sino de reorientar la marcha del Estado. Entre 1980 y 1981, organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron el país para corroborar las denuncias hechas en el foro y así recomendar un cambio en el manejo del estado de sitio y de otras normas de excepción que se encontraban en la Constitución de 1886.

 

Para 1982, el discurso de confrontación contra la movilización social y la insurrección armada cedería el paso a una aproximación de acercamiento y negociación que, si bien tuvo sus ambigüedades, contradicciones y tragedias, perfiló una política gubernamental y una discusión constitucional sobre la inclusión política y social que, a la postre, podría explicar el momento constituyente de 1991. Por supuesto, la normalización del estado de sitio encontraría en la guerra contra las drogas un nuevo impulso, pero esa es otra historia.

 

Los historiadores contemporáneos de los derechos humanos se han trenzado en un debate que cuestiona si desde el surgimiento de la movilización de la década de los setenta el mundo ha sido un lugar mejor y con mayor justicia. Algunos han señalado que hay evidencias de que sin la proliferación de los derechos humanos el mundo estaría mucho peor, mientras que otros señalan que la movilización por los derechos humanos no ha podido hacerle frente a una serie de desequilibrios que han surgido de la mano del neoliberalismo. Otros, más radicales y recuperando el viejo escepticismo de la izquierda, han señalado cómo los derechos humanos, al concentrarse en el individuo, han socavado la posibilidad de solidaridad y colectivización que se requieren para hacerle frente al gran capital.

 

Reconstrucciones como la de este artículo muestran que el debate que se da entre los historiadores de derechos humanos pierde de vista triunfos más sutiles, específicos y localizados de la movilización por los derechos humanos en algunos países. Es difícil demostrar que el mundo está mejor o peor con los derechos humanos. Lo que sí resulta palpable es comprender que los derechos humanos ocuparon espacios que contribuyeron a realizar transformaciones en ciertos lugares. En concreto, esta historia muestra que, en Colombia, las primeras discusiones sobre derechos humanos abrieron un debate para transformar la concepción del derecho constitucional y poner en marcha una discusión que desembocó en un momento de energía y creatividad constitucional que abriría la puerta a la Constitución de 1991 y su carta de derechos.

 

Juego performativo

 

A pesar de lo anterior, es posible pensar que los derechos humanos pueden están atrapados, a cierto nivel, en un juego performativo que se abrió desde sus primeros años. Este juego parece tener un libreto preconcebido en el que hay varias fases: primero, grupos de ciudadanos denuncian la acción estatal; luego, el Estado se defiende señalando que lo denunciado no es cierto o que, a lo sumo, es una extralimitación de ciertos funcionarios; le siguen nuevas denuncias y evidencias de prácticas sistemáticas acompañadas por organizaciones no gubernamentales que pueden producir un informe contra el Estado del cual, por último, este se defenderá alegando parcialidad de las organizaciones e injusticia al no considerar los esfuerzos del gobierno de turno en minimizar las violaciones. A este juego pueden seguir, dependiendo de la política de los países, reformas cosméticas o profundas en algunos aspectos.

 

No obstante, lo importante de la historia local de los derechos humanos es que ilustra un momento en el que emergió un discurso en el que varios actores encontraron una herramienta como un lenguaje plausible para transformar las formas como se pensaba el Derecho. Esto es lo que pierden de vista algunas historias de los derechos humanos que parecen obsesionadas en demostrar transformaciones a gran escala, que son difíciles de atribuir a un discurso tan particular y localizado.

 

La pregunta que queda flotando es si, en nuestras condiciones políticas actuales, ¿puede existir un discurso similar que permita transformaciones de las doctrinas jurídicas para producir mayor inclusión social, política y económica?

 

Este tipo de preguntas son propias de quienes nos ocupamos de la investigación en el Doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Se trata de cuestiones que, sin abandonar por completo preguntas sobre la dogmática o la doctrina del Derecho, intentan comprenderlas en un marco más amplio. En el caso de los derechos humanos, este marco está compuesto por transformaciones sociopolíticas más complejas, que, generalmente, empujarán al investigador a complementar su entrenamiento de abogado con metodologías de otras disciplinas que, desde hace varios lustros, han entrado en el arsenal de la teoría y la metodología del Derecho. Esta apuesta por la integración de varias disciplinas en la explicación del Derecho en el Programa Doctoral de la Universidad de los Andes tiene como fin no solo comprender la norma jurídica en sí misma, sino reconocerla en su relación con otros discursos y prácticas que pueden ayudarnos a entender el papel de lo jurídico en las sociedades contemporáneas.