Si nuestro próximo Presidente se perpetuara en el poder (…), ¿nos protegerán los jueces de las altas cortes frente a estos regímenes?

Exigir jueces que se aproximen a los hechos de la causa sin prejuicios y cuyas decisiones motivadas den cuenta de ello es garantía de imparcialidad.

Para el actor, se debe declarar la inexequibilidad del parágrafo del artículo 225A de la Ley 1952 del 2019, por ser contrario al debido proceso.q

Se debe tener en cuenta la legislación vigente que regula la expedición de visas, el ingreso y permanencia de extranjeros.

La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 2111 del 2021, que adicionó artículos al Código Penal.

La libertad de expresión se encuentra protegida más allá del ámbito penal, al fungir como mecanismo de protección y de apoyo a mujeres víctimas de violencia ante la inacción de las autoridades.

Siempre y cuando las zonas o áreas comunes no se destinen para la explotación comercial o industrial y por ello se genere renta.

Corresponde al concejo definir las tarifas aplicables a las diferentes actividades gravadas, así como las exenciones.

Durante la declaratoria, el Gobierno expidió más de 294 actos administrativos, entre ellos más de 100 proyectos de decreto, resoluciones y circulares.

Actualmente, encontramos específicamente varias calidades de hijos desde el derecho pensional, sean consanguíneos, hijos de crianza e hijos aportados.

Bolívar, según su ministro José Manuel Restrepo, era de estatura mediana; joven de color blanco y hermosa tez; después de sus campañas, moreno y pálido, oval su cara, ojos vivos y penetrantes y su imaginación ardiente.

El autor de esta obra hace un estudio pormenorizado sobre esta normativa y su aplicación práctica de los numerales 1º y 2º del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia.

En Colombia, se conmemora para homenajear a Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montilla, primer presidente de Venezuela.

Augusto Trujillo Muñoz, presidente de la Academia Colombia de Jurisprudencia, habla sobre las principales preocupaciones desde la academia frente a temas de actualidad.

La obra es el producto de una investigación realizada por sus tres autores en Colombia y en varios países de Europa, a través de la cual pudieron hacer un análisis comparado de diversos sistemas de justicia transicional.

Las políticas domésticas de los Estados para contención, control y gestión de los flujos migratorios no siempre resultan ser armoniosos con el derecho internacional de los derechos humanos.

El juez de ‘habeas corpus’ no puede intervenir para obstaculizar, cuestionar o invalidar las decisiones de las autoridades competentes de una extradición.

Fue publicada la citación a la prueba de aptitudes, conocimientos y sicotécnica del concurso de la Rama Judicial para jueces y magistrados.

Rodolfo Hernández aún no confirma si aceptará la curul que le corresponde y señaló que esperará a ser notificado oficialmente.

En su primer discurso, Gustavo Petro realizó polémicas solicitudes a la Fiscalía y a la Procuraduría.

¿Quién es Gustavo Petro?, ¿cuál es su recorrido profesional y político? y ¿cuáles son sus propuestas en materia de justicia?

En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá sabemos que la justicia es un servicio público esencial con vocación de continuidad, es por esto que nunca nos detenemos.

Cuando la aclaración de un fallo no afecta la situación jurídica del sujeto no se viola la ‘non reformatio in pejus’, y mucho menos el debido proceso.

La Ley 2075 del 2021 sumó el subsidio familiar a los derechos a la seguridad social que disponía la Ley 1551 del 2012.

La Corte Constitucional publicó la sentencia que declaró la inexequibilidad de varios apartes de la reglamentación a la cadena perpetua.

Le corresponde al demandante la carga de demostrar que le asistía un mejor derecho en comparación con alguno de los funcionarios que continuaron en la entidad.

Advierten que exposición a campos electromagnéticos asociados a la conducción de energía en líneas de alta tensión no amenaza la salud humana ni a la población infantil.

La Corte Constitucional resolvió las demandas que se presentaron contra el artículo 124 de la Ley 2159 del 2021.

El voto en blanco es una expresión legítima de participación política ciudadana que permite manifestar al ciudadano su inconformidad con las dos opciones de candidatos a la vista.

Ante el incumplimiento de una orden proferida en un fallo de tutela el beneficiario puede acudir ante el juez de primera instancia.

Todo Presidente que dependa de un Congreso formado por fragmentos de diferente calaña ideológica y ética carece de poder real y está condenado al fracaso.

Conozca qué procede en los casos de pérdida o destrucción de expedientes y su relación con la acción constitucional de habeas corpus.

Las autoridades administrativas pueden establecer tanto días hábiles como no hábiles para la recepción de PQR.

El juez accionado incurrió en defecto fáctico al no valorar pruebas que darían cuenta de la condición de víctima de la ciudadana y del posible contexto de violencia de la relación de pareja.

La Corte Constitucional concluyó que la Ley 2088 de 2021 no incurrió en un desconocimiento de la reserva de ley estatutaria.

Corresponde al curador urbano cumplir las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el municipio o distrito.

La autorización para retiro de copias enviada por el abogado no puede entenderse como una manifestación inequívoca con miras a reasumir el poder sustituido.

Autonomía universitaria y la implementación de programas de admisión especial.

Dicha situación administrativa se deriva del deber de la administración de acudir a ella antes de proveer el empleo.

Colegio tendrá que ofrecer disculpas a exalumna que fue señalada de hurto sin tener en cuenta el proceso disciplinario que contempla el manual de convivencia.

La negativa a debatir constituye una afrenta al derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la conformación del poder político.

Las guías básicas pueden ser útiles para abordar algunos aspectos legales importantes, relacionados con los ámbitos laboral, societario y tributario al momento de constituir un emprendimiento.

No se exige tener en cuenta un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral.

La Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones “el párroco o su delegado” sobre la norma de fundación y funcionamiento de juntas defensoras de animales.

En la designación de funcionarios del más alto nivel decisorio del poder público el porcentaje representativo de mujeres en ningún caso podrá ser menor al 30 % de los cargos a proveer.

Le corresponde a la autoridad judicial realizar un examen específico de la probabilidad real de incidir electoralmente, no es aceptable una valoración genérica o abstracta.

Corresponde a los juzgadores ser cuidadosos de sus deberes y sus expresiones para no atropellar los derechos inherentes a las personas que intervienen en los procesos.

La dependencia económica se predica del que habría extrañado los aportes del causante para satisfacer las necesidades básicas, en caso de la ausencia de estos: Corte Constitucional.

Descargue la ley que integra a la normativa nacional el Decreto Legislativo 806/20, con el cual se adoptaron las TIC para las actuaciones judiciales.

La Corte Constitucional señaló que el legislador excedió el amplio margen de configuración en materia procesal y fijó reglas con efectos retroactivos en esta decisión.

Según el demandante, la norma contemplada en la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera por omisión legislativa relativa el artículo 15 de la Constitución Política.

La Corte Constitucional determinó que el Congreso de la República, al crear y regular las CITREP, no excedió sus competencias en materia de reforma constitucional.

Se trata de procesos especiales de contratación que tienen su origen en la necesidad del apoyo de las entidades estatales a actividades benéficas.

No procede el reconocimiento y pago de prestaciones sobre los lapsos en donde se presentaron interrupciones contractuales, así sean inferiores a 30 días hábiles.

Perjuicios causados por varios actos administrativos individuales debe intentarse separadamente, mediante los correspondientes procesos de nulidad y restablecimiento del derecho.

Los demandantes consideran que la norma acusada vulnera el artículo 58 de la Constitución Política, porque fija como indemnización el 10 % del valor comercial del predio dentro del procedimiento administrativo de expropiación.

No es viable la tutela contra los actos administrativos de carácter definitivo si existen los medios de control de los que conocen los jueces administrativos.

La tarea de la institucionalidad es fijar las reglas generales y las medidas necesarias para mantener el orden público.

El accionante consideró que para alcanzar el acceso a la administración de justicia, la imposición de una sanción privativa de la libertad no es necesaria.

En los eventos que comprometan una violación grave de los derechos humanos se debe aplicar la flexibilización de valoración y apreciación de las pruebas.

Todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales.

Puede acudir ante los jueces de lo contencioso administrativo y controvertir la legalidad del acto.

El vocablo del artículo 1076 del Código Civil y su disposición integrada vulneran el derecho a la igualdad y a la intimidad de las personas en situación de discapacidad visual.

Confirman sanción a una juez por quebrantar principios constitucionales vinculados al acatamiento del precedente judicial.

En virtud del derecho a la autonomía universitaria los requisitos previstos en el plan curricular de cualquier ente educativo son de obligatorio cumplimiento para obtener el título de abogado.

¿Quién debe ser y qué cualidades académicas, jurídicas y políticas son necesarias para ocupar la primera magistratura del Estado?

Dentro de las medidas de pago de los recobros al Fosyga el incumplimiento del plazo previsto conlleva la causación de intereses moratorios.

Con más de 27 años de práctica, tres de ellos en el sector público y el resto en su práctica privada, Luis Fernando Macías Gómez es uno de los abogados con mayor tiempo ejerciendo el derecho ambiental en Colombia.

En aquellos eventos en los que el desalojo y la demolición son inevitables las autoridades deben implementar medidas de protección transitorias y definitivas.

Explican que, con base en la Ley 2113 del 2021, se ampliaron sus facultades para actuar como apoderados de terceros.

Son los jueces de lo contencioso administrativo los encargados de realizar por mandato constitucional y legal el control judicial de los actos administrativos.

En razón a que el precio de venta al público de licores, vinos, aperitivos y similares es un hecho variable, el DANE profiere la certificación.

Cuotas moderadoras aplican a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios, mientras los copagos solo a los beneficiarios.

Es tiempo de analizar cómo le fue al sector frente a lo que el actual Gobierno prometió y plasmó en los objetivos incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Declaran que un representante de las comunidades negras también integrará esta instancia.

Hay barreras persistentes asociadas al género en los procesos de selección a las altas cortes. Barreras que estamos en mora de diagnosticar y solucionar.

Noventa años parecen ser bastantes para la vida de una mujer, pero no lo son para cambiar totalmente la mirada que tiene una sociedad sobre su lugar y rol.

Uno de los argumentos de la Corte Constitucional es que la iniciativa se tramitó como ley ordinaria y no estatutaria.

La Sala Especial de Instrucción considera que cambiar el sistema de juzgamiento de los congresistas y las funciones de su sala podría conllevar a casos de impunidad.

Se les debe aplicar el ajuste automático conforme a la Sentencia C-258 de 2013 de la Corte Constitucional a todos los congresistas que para la fecha de dicha orden percibían más de 25 salarios.

Las sociedades que arrojaban pérdidas no estaban obligadas a constituir la reserva del artículo 130 del Estatuto Tributario para la deducción de cuotas de depreciación fiscal.

Exhortan al Congreso y al Ministerio de Salud a proteger los derechos e integrar al Sistema de Seguridad Social en Salud a las personas que ejercer la partería.

Solo son parte del bloque de constitucionalidad aquellas normas de la Decisión Andina 351 de 1993, que se refieran a la protección de los derechos morales de autor.

Emilssen González de Cancino es una académica consagrada, jurista de formación sólida, mujer consistente y vertical, que, adicionalmente, se ha destacado como gran humanista y pensadora.

Gracias a unos pocos legisladores, se encontraron infundadas las “razones” por las cuales nuestra Rama Ejecutiva objetó el proyecto de ley que restablecía los plazos de respuesta a derechos de petición.

Tras la Sentencia C-153/22, las entidades estatales deberán terminar cualquier contrato o convenio amparado en el artículo 124 de la Ley 2159/21.

La Corte Constitucional precisó que solo el Presidente de la República podrá confiarle misiones o encargos especiales, o designarlo en cargos de la Rama Ejecutiva.

Tratándose de enfermedades mentales, la continuidad del tratamiento con el mismo profesional es indispensable.

Este mecanismo sirve para desarrollar proyectos piloto que nos permitan evaluar la regulación existente, con el fin de determinar si hay que flexibilizarla o probar una nueva.

Para efectos de la aplicación del precedente por falla del servicio al omitir el deber de protección no es relevante que las entidades demandadas en casos previos fueran la misma, sino que su omisión haya contribuido a la causación del daño.

Explican el derecho de las personas sometidas a un procedimiento sancionatorio en el que se empleen videos como medios probatorios para acceder a ellos.

La Corte Constitucional estudió la prohibición a las empresas prestadoras del servicio de energía de trasladar a los usuarios estos costos, por violación del criterio de recuperación de costos.

El SGSSS reconocerá a los afiliados al régimen contributivo incapacidad por enfermedad general a través de las EPS.

Lejos de ser un proceso adversarial, la mediación busca comprender la situación más allá de los límites legales y se da a la tarea de proponer soluciones en contexto.

El proyecto de Constitución refleja la confianza en el poder normativo y transformador que también el constituyente chileno deposita en ese invento maravilloso del Derecho que son las Constituciones.

Este libro presenta una visión de lo que significa el bloque de la constitucionalidad en Colombia, sus orígenes, sus antecedentes y su actual configuración dicotómica.

Explican que para que proceda la ineficacia del cambio de régimen pensional el análisis se centra en el deber de información y buen consejo que compete a las administradoras.

Cónyuge supérstite cumple con el requisito de convivencia efectiva para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pese a no compartir techo con el causante.

Explican la vulneración por imposición del pago de los gastos derivados de la práctica de un dictamen pericial sin tener en cuenta que fue concedido el amparo de pobreza.

A pesar de que la accionante no ha adelantado ningún trámite encaminado a que se regularice la situación migratoria de su hija, a la menor de edad se le debe garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

Declaran constitucional Convenio para la eliminación de la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias.

La Corte Constitucional reitera la protección reforzada del derecho a la libertad de información de los periodistas.

El ordenamiento jurídico consagra de cara al fenómeno de la prescripción la suspensión a favor de los incapaces y, en general, de quienes se encuentran bajo tutela o curaduría en materia laboral.

Tendrá como ponentes a Diana Fajardo, Stella Carvajal y Gloria Stella Ortiz, entre otras importantes juristas.

Depende de la mesada que reciban y el aporte que realicen a las mismas, excepto la cuota monetaria.

El Decreto Legislativo 491/20 indica que la aplicación de las normas ordinarias que regulan la notificación electrónica por parte de la autoridad tributaria están supeditadas a que finalice la emergencia por covid-19.

Los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio designados por el Gobierno Nacional son sus voceros.

La Corte explicó que se desconoce la reserva legal al delegar la reglamentación de una materia que no había sido previamente regulada en la ley.

Las consecuencias del voto en blanco cuando sea mayoría respecto de los votos válidos solo aplican para las elecciones populares y no a las votaciones realizadas para elegir a los integrantes de las mesas directivas de las plenarias del Congreso.

El alto tribunal resolvió sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres cabezas de familia que se encuentran en provisionalidad.

Límite de 420 UVT mensuales vulnera el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 363 de la Constitución Política.

El análisis de la responsabilidad patrimonial tiene como referente las disposiciones comerciales, en el contexto de la responsabilidad extracontractual o por culpa in contrahendo.

La contraloría escolar propuesta por un concejo municipal implica la creación de un nuevo órgano en los establecimientos educativos estatales, lo que modificaría la Ley General de Educación.

Se deben prever tarifas que den un tratamiento especial a las pequeñas empresas para que paguen un menor porcentaje en relación con los comerciantes de alto patrimonio.

Como medida de reparación no pecuniaria se ordenó a una institución educativa ofrecer excusas a docente discriminada por ser activista sindical.

8 mujeres y 53 hombres conforman el listado de aspirantes a la terna de la que se elegirá el nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

En la práctica, (la reforma) significará que los jueces no tendrán como norma general aplicar la virtualidad, sino la presencialidad.

La omisión de elaborar y aprobar el plan especial de manejo y protección para el sector antiguo de Cartagena (bien de interés cultural de la Nación) amenaza el derecho colectivo al patrimonio cultural de la Nación.

En caso de existir simultaneidad deberá establecerse una repartición proporcional al tiempo compartido: Corte Constitucional.

Basta que el pasivo no supere el 70 % de los activos sociales y no se haya iniciado la distribución del remanente.

La compañía fue sancionada con $ 220 millones, luego de que la Superindustria evidenciara fallas en la calidad del servicio posventa a los consumidores.

La Corte Constitucional dio a conocer el fallo sobre el aborto, precisó por qué es procedente un pronunciamiento de fondo a pesar de la Sentencia C-355/06.

Corresponde al juez laboral, no al de tutela, determinar quién es el titular de la sustitución de la pensión.

La primera dama como gestora social no desempeña un cargo público, ni tiene la calidad de servidora.

Lo que corresponde es que el Gobierno Nacional nombre el encargado a la Alcaldía de Medellín de la terna que presente el movimiento político respectivo.

La Resolución 244 del 2019 no excluyó expresamente las sillas de ruedas manuales, por lo cual se entiende expresamente incluidas en el PBS.

Han trascurrido 22 años desde que se dispuso la obligación a la Superintendencia de Notariado y Registro y la entidad ha incumplido con el mandato.

El Consejo de Estado estudió un caso en el que se nombró a una funcionaria sin cumplir con los requisitos para el cargo.

Entes territoriales no pueden excusar su responsabilidad alegando que la comunidad que sufre el riesgo es responsable de su causación, pues nada exonera a la autoridades del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales.

Exequible por garantizar la dignidad y bienestar de las personas condenadas.

La Sentencia C-218/15 declaró inconstitucional la fórmula prevista por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

El criterio para determinar la inscripción considera, entre otros factores, la realización de la actividad económica.

La segunda jornada electoral para definir el próximo Presidente de Colombia se llevará a cabo el próximo 19 de junio.

La Corte Constitucional expresó preocupación porque se utilizan mecanismos de flexibilización laboral para evadir obligaciones con las trabajadoras en estado de embarazo.

La pretensión de usucapión del comunero respecto de las cuotas de los condueños para salir avante exige de un esfuerzo demostrativo mayúsculo por la especial condición que las caracteriza.

La Corte Constitucional ordenó el reconocimiento de la nacionalidad colombiana por adopción a un menor venezolano a cargo del ICBF desde hace más de dos años.

Para el demandante, la norma acusada vulnera el debido proceso y cinco artículos de la Constitución Política.

Dar prelación a la exigencia de convivencia plasmada en la ley o en la jurisprudencia constituye un escenario que revictimiza a quienes fueron afectados por hechos de violencia.

Declaran la inexequibilidad por violación de la unidad de materia al vulnerar las competencias de los Concejos Municipales y Distritales.

En todo caso, deberá presentar su renuncia y la misma ser aceptada antes de la inscripción de su candidatura.

Ordenan al INS y al Ministerio de Salud modificar el lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre en Colombia.

La Auditoría General fijó el puntaje crítico o punto de corte en 70 puntos.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronuncia sobre esta posibilidad de fusionar ante inquietud del Ministerio de Hacienda.

Cuando las condenas impuestas superen la cuantía del proceso de única instancia esto debe tenerse en cuenta al momento de pronunciarse sobre recurso de apelación.

Conforme a la protección de los derechos de las personas de la tercera edad, la aplicación del principio iura novit curia y de la tutela judicial efectiva se reconoce pensión de jubilación a persona sin estatus pensional.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con Guilherme Canela De Souza Godoi, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco.

La Organización de Estados Americanos le otorgó este reconocimiento, que le permite continuar con la protección de derechos humanos y garantías judiciales.

Este registro permite conocer el número de personas en situación de discapacidad y sus condiciones de vida.

Existen amenazas como la estigmatización del sector empresarial en el discurso oficial, el exceso en la potestad reglamentaria y el desconocimiento de la seguridad jurídica y la confianza legítima.

Es contrario al respeto a la dignidad humana que un médico ordene el suministro de insumos y no cumpla con las obligaciones que le corresponde realizar para materializarlo.

Me atrevería a aconsejarle al presente y próximo gobierno buscar el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la vía diplomática fomentar una negociación con Nicaragua.

En Colombia, hay suficientes normas sobre la publicidad de la acción oficial: desde la Ley 57 de 1985, se consagró el derecho a la información.

El magistrado Javier Tobo Rodríguez explica algunos detalles del incidente de reparación de la masacre de Trujillo.

Regresar, como pretenden en Colombia, a una fórmula nacional de blanco y negro (donde la prohibición sea universal) anula, de un solo plumazo, la democracia y los derechos de las mujeres.

Es viable la función jurisdiccional otorgada a la Procuraduría General de la Nación y es legalmente procedente la suspensión provisional de funcionarios de elección popular.

Una vez se publique la lista de elegibles definitiva, el provisional deberá ser retirado o, si es prepensionado, ser reubicado si es posible.

La Corte Constitucional consideró que debe continuar con la articulación progresiva de los procesos para la atención educativa a la diversidad de estudiantes.

Se deberá pedir perdón públicamente al pueblo Wounaan, por el daño causado durante su desplazamiento.

La Corte Constitucional admitió la acción contra el artículo 39 (parcial) de la Ley 2200 del 2022, sobre la organización y funcionamiento de los departamentos.

No es conducta apenas imprudente la de quien conoce perfectamente lo que hace y confía en que la dimensión moral de su conducta será negada a conveniencia.

Un nuevo contrato social, que incorpore los fundamentos de la convivencia, dignidad y solidaridad, es, por definición, una construcción colectiva.

Necesitamos descentralizar bajo esquemas responsables que partan de fortalecer a nuestras regiones. La tarea no da espera.

No es el tiempo de hacer más complejos los procesos de empalme, ni de enredar con más normas lo que el sentido común debe regir.

Es indiscutible la importancia de estos fallos, ya que, de esa manera, se logra la certeza de cómo fallará un juez de instancia una situación particular.

El juez se dirigirá al superior del responsable del agravio y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el procedimiento disciplinario.

La Sentencia T-001 de 1992 fue el primer fallo de tutela.

La autonomía indígena no puede afectar el núcleo esencial del principio del interés superior de una menor de edad víctima.

De acuerdo con el demandante, la norma acusada viola el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía individual contenida en el principio de dignidad humana.

Penalizar el aborto y dificultar su acceso no salva ninguna vida, sino que, por el contrario, dilata el procedimiento y pone vidas en riesgo.

Si existen dudas sobre la relación laboral que causó las cotizaciones le corresponde a los jueces laborales decretar pruebas de oficio para aclarar los hechos.

Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales el funcionario debe ordenar su libertad.

El Congreso deberá superar el vacío normativo que existe para el caso de estos contratos: Corte Constitucional.

De acuerdo con el demandante, el Congreso se extralimitó en sus funciones al adicionar descuentos al seguro obligatorio de accidentes de tránsito.

El derecho fundamental al ‘habeas data’ procura al máximo su protección, incluso en situaciones de crisis o emergencias sanitarias derivadas de una pandemia.

De acuerdo con el demandante, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no hace parte del Gobierno.

Es legal que el DNP vigile y controle la correcta utilización de los recursos con el fin de constatar se cumplan con los objetivos que les ha trazado la Constitución y la ley.

La Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 91 (parcial) de la Ley 388 de 1997.

“Aunque la tutela (…) ha contribuido significativamente a mejorar la vida de las personas, es importante exigirle al Gobierno que enfrente (…) las violaciones a los derechos fundamentales”.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra los nueve artículos de la Ley 2181 del 2021.

Para el actor, la norma quebranta el principio de igualdad, el de unidad material y el derecho al debido proceso.

Exigir pruebas que resultan desproporcionadas e irrazonables vulnera derechos fundamentales del menor.

El Ministerio Público conceptuó sobre disposiciones que desconocen el principio de responsabilidad personal, al contemplar sanciones para los propietarios de automóviles.

Se tuvo en cuenta que la multa se encuentra dentro del máximo legal permitido y su recurrencia en la falta.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó cómo se ostenta está posición respecto al deber de cuidado de un bien jurídico protegido.

Es potestad exclusiva del Congreso de la República fijar, entre otros elementos del tributo, las tarifas.

La accionante considera que hay vulneración del derecho a la igualdad de los contribuyentes sometidos al régimen de precios de transferencia del artículo 714 del Estatuto Tributario.

Según el accionante, la norma cuestionada desconoce los principios de legalidad y de tipicidad de los delitos.

Los concejales son servidores de elección popular directa que no tienen la calidad de empleados públicos.

Según el demandante, la garantía de doble conformidad para altos funcionarios vulnera el principio de igualdad.

Los accionantes consideraron que algunos artículos de la Ley 35 de 1989 desconocen el principio de legalidad y el de culpabilidad.

El objetivo es impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad del país.

De acuerdo con la Ley 1123 del 2007, no es posible desistir de los procesos disciplinarios, así el quejoso y el disciplinado hayan llegado a un acuerdo conciliatorio.

Demandan prohibición para inscribir candidaturas en caso de haber sido avalado previamente por partidos políticos.

Al estudiar una acción de tutela, la Corte Constitucional precisó las subreglas para aplicar enfoque de género en casos de violencia intrafamiliar.

El reconocimiento de honorarios a los concejales está supeditado constitucional y legalmente a la asistencia comprobada a las sesiones.

Los demandantes indican que la multa por rechazo del recurso vulnera los derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

El consumidor de vivienda puede ejercer la acción de responsabilidad solidaria, generada por garantías legales y la protección por producto defectuoso.

Ya son tres las acciones de inconstitucionalidad que admite la Corte Constitucional en contra de la Ley 2197 del 2022.

Antes de autorizar la desvinculación del sistema educativo de un menor de edad se deben tramitar ante las autoridades los auxilios para que continúe sus estudios formales.

Según la Corte Constitucional, repetir el mismo grado por segunda vez en la misma institución puede perjudicar el proceso formativo.