Silla de ruedas pediátrica manual está incluida en el plan de beneficios en salud

En la misma línea de la Sentencia SU-508/20, la cual fija la interpretación constitucional en materia de insumos médicos no excluidos expresamente del plan de beneficios en salud (PBS), cuando el juez constitucional estudie una acción de tutela interpuesta para efectos de solicitar la autorización y entrega de una silla de ruedas de impulso manual deberá determinar si existe o no una orden médica. De advertir la existencia de dicha prescripción, le corresponderá conceder el amparo de los derechos fundamentales y acceder a la pretensión reclamada.

De lo contrario tendrá que establecer si se evidencia la necesidad de la tecnología a través de la historia clínica y de las demás pruebas allegadas al expediente, caso en el cual tutelará las prerrogativas invocadas y ordenará la entrega de la tecnología requerida, siempre que así lo ratifique el médico tratante.

Finalmente, en caso de carecer de una prescripción médica y de no advertir (con certeza) la necesidad de la silla de ruedas, se deberá tutelar el derecho a la salud en la faceta de diagnóstico, para efectos de que la EPS valore la necesidad de prescribir la tecnología al paciente. Igualmente, no es necesario verificar la capacidad económica del usuario para autorizar sillas de rueda de impulso manual vía tutela.

En el caso bajo estudio la alta corte indicó que la negativa de la EPS de autorizar y ordenar la entrega de la silla de ruedas prescrita por los médicos tratantes a la menor de edad en situación de discapacidad con el argumento de que se trata de un servicio excluido del PBS constituye una barrera real y efectiva a la prestación del servicio de salud y, por ende, una trasgresión de sus derechos fundamentales. En este orden de ideas, amparó sus derechos a la salud, a la vida digna y ordenó a la EPS a realizar los trámites para entregar la silla de ruedas pediátrica prescrita por los médicos tratantes de la IPS (M. P.: Alejandro Linares Cantillo).