Un ciudadano demandó los nueve artículos que integran la Ley 2181 de 2021, “por medio del cual se establecen normas para garantizar la seguridad de la cadena logística, prevenir los delitos transnacionales y se dictan otras disposiciones”, por la presunta vulneración de varios artículos de la Constitución Política.

En la subsanación de la demanda, el actor plantea que el artículo 6º de la ley acusada vulnera el derecho al trabajo, pues invalida la acreditación de consultores, asesores o investigadores, por cuanto “son las empresas y no las personas las que deben acreditarse”. Así mismo, el actor argumentó que las libertades y garantías de las personas dedicadas a la gestión de riesgos no pueden ser anuladas y que la ley acusada, específicamente el artículo 7, establece un monopolio en cabeza de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Demandante: César Augusto Cardona Ortiz).