La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia envío un concepto en el que realiza observaciones a la demanda de inconstitucionalidad promovida en contra de los artículos 530 y 533 (parcial) de la Ley 906 del 2004, específicamente en lo que tiene que ver con el juzgamiento de congresistas.

La Sala advirtió que “el trámite bajo los parámetros de la Ley 600 no comporta per se la vulneración de los derechos del procesado, pues este régimen también es respetuoso de sus garantías”.

Agregaron los magistrados en el concepto que acoger el sistema de la Ley 906 del 2004 implicaría analizar si ese cambio de régimen procesal conlleva anular lo ya tramitado bajo la Ley 600 o cómo se enlazaría en la nueva estructura procedimental.

Precisaron también que las funciones de investigación y juzgamiento en un mismo órgano resultan compatibles con la estructura del procedimiento de la Ley 600.

Concluyó el concepto que: “el cambio de régimen deberá evitar situaciones generadoras de impunidad derivadas del tiempo que tal transición conllevaría, pues bien podría operar el fenómeno de la prescripción de la acción penal derivada de los delitos objeto de juzgamiento. Precisamente para el periodo comprendido entre 2022 y 2005 la prescripción operaría para 33 delitos de los que son juzgados en esta Sala”.