Garantizar derechos

Carolina Villadiego Burbano

Asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas

La tutela cumple 30 años y su uso extendido ha evidenciado la gran cantidad de violaciones a los derechos fundamentales que ocurren en el país. Y es que las cifras hablan por sí solas. Según la Corte Constitucional, entre 1992 y el 2021, se radicaron 8.500.248 tutelas; solo en el 2019 se presentaron alrededor de 1.700 por día y, entre enero y noviembre del 2021, 1.320 al día. 

Por eso, garantizar los derechos fundamentales y cumplir las decisiones judiciales debe ser la prioridad de cualquier Gobierno, pues las reclamaciones se presentan contra autoridades públicas y particulares que prestan servicios públicos o cuya conducta afecta el interés colectivo. Una gran cantidad de tutelas son concedidas, lo que significa que las personas tienen razón en sus reclamos.

Una política gubernamental encaminada a reducir el uso de la tutela, evitando desde un principio la vulneración de los derechos fundamentales, contribuiría a hacer realidad los derechos de las personas y colaboraría con la descongestión judicial, pues se disminuirían las tutelas y los incidentes de desacato.

Así, el Gobierno podría dar pasos concretos en materia de respeto a los derechos de petición y de salud, ya que alrededor del 60 % de las tutelas se centran en dichos derechos y en pretensiones focalizadas. Por ejemplo, en el 2019, la solicitud de información, copias y procedimientos constituyó el 88 % del total de las pretensiones en materia de petición, y, en el 2021, alrededor del 90 %. En salud, en el 2019, alrededor del 60 % de las pretensiones se concentraban en la entrega oportuna de medicamentos o insumos, la práctica oportuna de procedimientos y la solicitud de tratamiento integral, y, aproximadamente, el 80 % de estas pretensiones fueron concedidas en primera instancia.

Por eso, el Gobierno –este y los anteriores– está en mora de impulsar políticas para prevenir las vulneraciones a los derechos fundamentales. Por un lado, una verdadera política de acceso a la información que prevenga los reclamos de la ciudadanía cuando sus peticiones no reciben respuesta debe incluir propuestas para que haya consecuencias jurídicas para las entidades públicas y los funcionarios que no contestan de acuerdo con la ley –más allá del desacato–. También debe proponer rutas de acción para responder, de manera oportuna y completa, los casos difíciles donde no es posible dar una respuesta integral en los tiempos establecidos para contestar las peticiones.

Por otro lado, esta política debe dar pasos decididos para solucionar los problemas en salud que reflejan las tutelas. Esto requiere un diálogo concreto con las EPS y una vigilancia detallada a ellas, pues, en la mayoría de los casos, estas deben prestar los servicios sin que sea necesario radicar una tutela. No olvidemos que, en buena parte de estos procesos, las tutelas se conceden. Ahora bien, el Gobierno también debe generar –y fortalecer cuando ya lo tiene– rutas de atención para resolver las reclamaciones en salud a nivel local y evitar que la ciudadanía deba ir a reclamar ante un juez. 

Es necesario que el Gobierno garantice los derechos fundamentales antes de que sea necesario interponer una tutela. Las cifras sobre la tutela en estos 30 años muestran la enorme deuda de los gobiernos al respecto. Por eso, aunque la tutela es la herramienta judicial más importante y ha contribuido significativamente a mejorar la vida de las personas, es importante exigirle al Gobierno que enfrente y resuelva el abuso y las violaciones a los derechos fundamentales. Esta meta debería ser esencial para cualquier presidente.