De dinosaurios

Ramiro Bejarano Guzmán

Profesor de Derecho Procesal de las universidades de los Andes y Externado de Colombia

Nunca antes tantos jueces y abogados litigantes habíamos coincidido en ponderar una reforma a los procedimientos, como la del Decreto 806 del 2020, el estatuto que hizo posible la virtualidad en la justicia.

Con poquísimas excepciones, los usuarios de la justicia queremos la virtualidad tal y como se introdujo en el Decreto 806, porque jamás se habían realizado tantas audiencias y trámites como las surtidas durante la pandemia, impensables en la presencialidad. Esta ha sido una verdadera reforma a la justicia, porque garantizó transparencia, acceso, eficiencia, rapidez y economía.

Pero quién lo creyera. Nadie esperaba que los principales opositores a la incorporación del Decreto 806 a la legislación iban a ser las cabezas de la Corte Suprema de Justicia, condenándonos al atraso. El proyecto de ley presentado al Congreso por el senador Germán Varón propuso incorporar íntegramente el texto del decreto como legislación permanente, pero muy pronto el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, con el apoyo de otros togados, lideraron una campaña notoria de presión a los congresistas para que hicieran un remiendo que, en la práctica, significará que los jueces no tendrán como norma general aplicar la virtualidad, sino la presencialidad.

Al momento de escribir esta columna todavía no se sabe si se expedirá o no la ley y en qué términos, pero sí conocemos los argumentos deplorables expuestos para oponerse al proyecto. Veamos.

Que hay que privilegiar el principio de inmediación, que hay que impedir maniobras desleales de algunos litigantes en el recaudo de las pruebas virtuales, que los campesinos que no tengan conectividad en el campo no podrán acceder a la justicia. Ninguno de estos planteamientos es serio.

A los congresistas se les explicó que la inmediación no es un principio absoluto que solo se da en la presencialidad, porque de lo que se trata es que el juez tenga control y contacto con el devenir del proceso, sea virtual o presencialmente. Igualmente, los parlamentarios entendieron que, en tribunales internacionales, la justicia, por lo general, es virtual, sin que a nadie se le haya ocurrido censurarla por violar la inmediación. También representantes y senadores comprendieron que las maniobras de litigantes en la justicia virtual no son la regla y que son controlables y sancionables por el juez que las advierta, del mismo modo que, inclusive, ocurre en la justicia presencial. Y, como si fuera poco, se les demostró a esos padres de la patria que en las actuales circunstancias es más frecuente que un campesino tenga dificultad para desplazarse del campo a la ciudad a atender una diligencia judicial, que le resulte imposible atenderla virtualmente, porque Colombia está invadida de celulares y mecanismos expeditos de acceso a la justicia virtual.

No había motivo para que desde la más alta corporación de la justicia ordinaria se propiciara la reforma odiosa que está por expedirse, la cual, se repite, convertiría la justicia virtual en la excepción de los trámites judiciales.

Independientemente de si expide o no la ley, quedó demostrado que el Congreso no es neutral. Un sistema en el que los congresistas pueden ser juzgados penalmente por magistrados de la Corte Suprema, mientras estos cabildean proyectos de ley, termina en la expedición de leyes como la que estaría por sancionarse, cercenando la virtualidad en los procesos.

Es deshonroso que muchos parlamentarios que oyeron las explicaciones que sustentaban el deseo nacional de aprobar como ley el Decreto 806 como estaba, en privado concedían la razón a profesores, expertos y jueces que estuvieron vigilantes del trámite del proyecto, pero agregaban que nada podían hacer ante el reclamo de unos magistrados poderosos que, obviamente, se hacen temer, sin que ellos se arredren ante a la inoperante Comisión de Acusaciones. No hay equilibrio ni contrapesos. ¿Qué dirían los magistrados si los parlamentarios incidieran en la preparación de sus fallos?

También quedó en evidencia el divorcio de la cúpula de la justicia con el grueso de jueces y magistrados. Pero, sobre todo, con un pueblo que a gritos reclama justicia moderna.