Probogotá Región y Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional, presentaron un estudio jurídico y jurisprudencial sobre la función social de las empresas, evaluadas más allá de ser motor de la economía colombiana.

Según el informe, su papel es tan amplio que, más allá de su contribución a los impuestos y al trabajo, son constitucionalmente valoradas a través de la libertad de empresa, para que las personas concurran en la oferta de bienes y servicios y se propenda por una satisfacción de los derechos constitucionales, ambos necesarios para la materialización del Estado social y democrático de derecho.

Así mismo, se asegura que pese a que la Constitución de 1991 deja explícito que la libertad de empresa contribuye a realizar los fines del Estado, entre ellos la prestación eficiente de los servicios públicos, el acceso al crédito y al sistema financiero, el derecho al trabajo y a elegir profesión u oficio, existen amenazas como la estigmatización del sector empresarial en el discurso oficial, el exceso en la potestad reglamentaria, el trato discriminatorio, la desviación de poder y el desconocimiento de la seguridad jurídica y la confianza legítima.