El Consejo de Estado advirtió que se debe entender la reincorporación o reviviscencia parcial y transitoria de algunos capítulos del Código Contencioso Administrativo (Decreto Ley 01 de 1984).
Incluso los actos de la administración que no produzcan efectos jurídicos deben tener la oportunidad de ser sometidos a dicho control, concluyó la Sección Primera.
Al derecho de petición ante organizaciones privadas se aplicarán las disposiciones compatibles con la naturaleza de las funciones que ejercen los particulares.
Según la Corte Constitucional, el proyecto del Ecoparque Cerro del Santísimo se dirige exclusivamente a fomentar el turismo en el departamento de Santander.
Según el Consejo de Estado, no imponer esa medida cautelar deja abiertas las puertas a que se hagan efectivos dos nombramientos para una misma magistratura.
Para que el empleador desvirtúe su responsabilidad, debe asumir la carga probatoria y demostrar el cumplimiento de los deberes de protección y seguridad.
El beneficio consistente en haber acumulado al menos 26 semanas de cotización durante el año previo a la ocurrencia de la invalidez se extiende hasta los 26 años de edad.
La fecha en la que se verifica la reducción de las condiciones físicas o síquicas no puede confundirse con el momento en el que se produjo el hecho generador de la invalidez.
El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio había llamado la atención sobre la demora en la que habría incurrido el Gobierno para sancionar el proyecto.
Las EPS deberán notificarle a los usuarios que la novedad de movilidad fue reportada a la base de datos única de afiliados, dentro de los tres días hábiles siguientes a su aplicación.
Los cargos de la demanda no cumplían los requisitos establecidos por la jurisprudencia para dar lugar a una decisión de fondo, concretamente los de certeza y suficiencia.
Además de tipificar los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, el legislador puede definir y regular los requisitos y condiciones para la iniciación de la acción penal.
Aunque la norma demandada solo establecía condiciones menos exigentes para los menores de 20 años, la Corte Constitucional la condicionó a que se incluyera a toda la población joven.
La autoridad investigadora podría hacer la comparación con el precio del país de origen, cuando, por ejemplo, los productos transiten simplemente por el país de exportación.
Las faltas disciplinarias están taxativamente señaladas en la ley, y es por la violación de las mismas, y solo por ello, que se investiga y juzga disciplinariamente a los profesionales del Derecho.
El fallo condicionó la constitucionalidad de los artículos relativos al contenido de las peticiones y la insistencia del solicitante en caso de reserva.
En sentencia de unificación, la Sala Plena de la Corte Constitucional precisó que dicha no se puede negar por la falta de acreditación de ese requisito.
Para que se cause la indemnización ordinaria y plena de perjuicios, debe estar suficientemente comprobada la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo.
El Consejo de Estado le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura revocar el Acuerdo 10282 del 2014 y restablecer inmediatamente las medidas que venían operando hasta diciembre.
No es posible inferir que las organizaciones que obtuvieron personería como resultado de la representación obtenida en el Congreso no pueden inscribir listas en esa circunscripción.
El término se debe contar desde la notificación del último auto, la práctica de la última diligencia o la notificación del auto admisorio al Ministerio Público.
Cuando del convenio se deriva de un contrato de obra pública, la entidad puede declarar la caducidad, aunque esta no se haya pactado de manera expresa.
El funcionario judicial debe hacer una interpretación racional de los requisitos de la demanda, para no imponerle al demandante mayores exigencias que las contenidas en la ley.
Esa disposición constituye una limitación razonable y proporcional del derecho a la intimidad, porque busca perseguir y sancionar las conductas que violen bienes jurídicamente tutelados.
La notificación puede realizarse por la forma que sea más expedita y eficaz, al punto que la comunicación personal no es una camisa de fuerza para el juez.
El Ministerio de Educación insiste en desconocer la ratio decidendi de sentencias de tutela, al negar convalidación cuando un diploma tiene esta categoría, indicó la Corte Constitucional.
En su calidad de representante del Estado en el proceso ejecutivo, el juez debe verificar que los documentos aportados como título cumplan los requisitos legales.