La Corte Constitucional debe dar celeridad a la publicación de la Sentencia C-951 del 2014, en la que se hizo la revisión automática de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria sobre el derecho de petición, así lo advirtió la Procuraduría General de la Nación en una comunicación dirigida al presidente del alto tribunal, en la que hace referencia al vacío normativo en la regulación del artículo 23 de la Constitución, pues si bien su aplicación es inmediata, la Carta Política no prevé aspectos operativos importantes, como los términos para dar respuesta oportuna a las peticiones de los ciudadanos. Además, resaltó la necesidad de que la Corte, habiendo efectuado el control automático y previo del proyecto, remita el expediente al Presidente de la República, para su correspondiente sanción y promulgación.