Al denegar las pretensiones de nulidad de los artículo 1º y 11 del Decreto 4222 del 2006, el Consejo de Estado desestimó que la creación  de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y las atribuciones que a esta le fueron asignadas hubieran dado lugar a una duplicidad de funciones frente al papel que cumple el Ministerio de Transporte. A juicio de la corporación, las disposiciones acusadas otorgan a la citada dirección unas facultades para organizar el tránsito en zonas rurales y urbanas, que están limitadas por el Código de Tránsito, y no las de fijación de políticas en esta materia, que son exclusivas del ministerio. En su criterio, la creación de esta entidad establece actuaciones complementarias de las que se encuentran a cargo de la cartera de Transporte (C. P. María Claudia Rojas).