Las acciones se dirigen contra el Código de Infancia y Adolescencia y la Ley de Unión Marital, en el primer caso (artículos 64, 66 y 68 (parcial) de la Ley 1098 del 2006 y artículo 1º parcial de la Ley 54 de 1990), y contra la Sentencia C-258 del 2013 en el segundo. La Sala Plena también examinará la disposición que exige una cuantía mínima de $ 1.000 millones en el interés para recurrir en casación frente a procesos cuyas pretensiones principales son económicas (D-10280, artículo 6º parcial de la Ley 1736 del 2012, que modificó el artículo 338 del Código General del Proceso); la ley de acceso a la información de las personas invidentes (D-10319, Ley 180 del 2013) y el procedimiento legislativo que tuvo lugar durante la formación de la ley que crea la estructura de defensa técnica para integrantes de la fuerza pública (D-10307, Ley 1698 del 2013).