Así lo explicó la Corte Constitucional al sustentar su decisión de no examinar de fondo la acción. El actor pretendía retirar del ordenamiento la implementación progresiva de los casos de probable despojo, de acuerdo al restablecimiento de condiciones de seguridad en el lugar del predio, y el plazo de 60 días para que la Unidad de Restitución de Tierras se pronunciara respecto a las solicitudes de las presuntas víctimas (artículo 76 parcial de la Ley 1448 del 2011). Para la Sala, es el particular entendimiento que tiene el demandante sobre la norma lo que lo lleva a considerar que se violaba el derecho a la igualdad, por no tener un enfoque diferencial, y que se había incurrido en una omisión legislativa relativa, por no regular suficientemente esta etapa administrativa (M. P. Jorge Iván Palacio).