La Corte Constitucional admitió una demanda en contra del inciso 5º del artículo 52 de la Ley de Garantías Mobiliarias (Ley 1676 del 2013), relacionado con las garantías reales en los procesos de liquidación judicial. La disposición atacada señala que lo establecido en dicho artículo no aplicará en detrimento de derechos pensionales. A juicio del demandante, la norma incurre en una omisión legislativa, pues no incluyó otros intereses constitucionales superiores, como los créditos por alimentos en favor de los menores (demandantes: Nicolás Caballero y José Peñarredonda).