La Corte Constitucional admitió una demanda contra el artículo 1° del Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 del 2012), el cual establece que el tribunal de arbitramento debe proferir el laudo en derecho, si la controversia se deriva del desarrollo de un contrato estatal, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos. Según la ciudadana, esa norma permite a los árbitros pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo contractual y sus efectos económicos, lo que vulnera los principios de razonabilidad y proporcionalidad y el derecho al debido proceso, porque el juez natural es la jurisdicción administrativa. Así, la disposición acusada viola la Carta Política, al asignarle a la justicia arbitral la competencia para definir asuntos no susceptibles de transacción (demandante: Bertha Suárez Giraldo).