Así lo determinó la Corte Constitucional al estudiar el aparte que incluye a personas que asumen comportamientos que pueden ser entendidos como contrarios a parámetros normales dentro de esta norma (artículo 1º, parcial, de la Ley 1306 del 2009). Concretamente, la corporación dio su aval a la expresión “o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad”. La Procuraduría consideraba que la Corte debía declararse inhibida, por la interpretación a su juicio equivocada del demandante respecto al carácter discriminatorio del texto.