Por la presunta vulneración a la independencia e imparcialidad judicial, se atacan los artículos 111 y 249 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011). Estas normas permiten a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado conocer las demandas de pérdida de investidura de congresistas y la revisión de esos mismos fallos, sin que procedan recusaciones ni impedimentos. Así mismo, dicha sala resolverá la revisión de las sentencias dictadas por las secciones de la corporación, sin exclusión de estas. Para el demandante, en esos eventos, los consejeros son juez y parte, porque pueden juzgar las providencias que profirieron (demandante: Asdrúbal Corredor Villate).