Una demanda de inconstitucionalidad alega la violación de los derechos a la igualdad, el debido proceso y favorabilidad por parte del numeral 5° del artículo 147 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), que exige al procesado haber descontado el 70 % de la pena impuesta por la comisión de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, con el fin de obtener permiso hasta de 72 horas para salir del centro de reclusión. El escrito señala que aunque tal norma perdió vigencia por disposición expresa de la Ley 504 de 1999, que reformó su contenido, es aplicada por algunos distritos judiciales (demandante: Edgar Acero Acosta).