La demanda cuestionaba el concepto de familia que se desarrollaba en la aplicación de la norma, pues el accionante asumía que este apuntaba a que solo los casados o quienes lo estuvieron podían acceder al beneficio (artículo 49 (parcial) del Decreto 1214 de 1990, que fija las condiciones del beneficio). La Procuraduría también consideraba que la Corte debía abstenerse de examinar el expediente, por considerar infundada la acepción según la cual el vínculo matrimonial con el trabajador era un requisito inexcusable para obtener el subsidio.