La apertura del concurso se produce un año y 11 meses después del fallo en el cual la Corte Constitucional retiró del ordenamiento una norma que permitía la designación, por libre nombramiento y remoción, de los funcionarios que laboran en la actualidad. Se trata de la Sentencia C-101 del 2013, que declaró inexequible el artículo 182 del Decreto-Ley 262 del 2000. El organismo de control pretendía someter la decisión a la figura de impacto fiscal. A través de la resolución adjunta, la Procuraduría estableció las bases del proceso y las condiciones de elegibilidad a las que deben responder los interesados. A través de este proceso se seleccionarán 317 delegados judiciales tipo 1 y 427 más tipo 2. Los designados laborarán en las procuradurías delegadas para Restitución de Tierras, Asuntos Ambientales y Agra­rios, Asuntos Civiles, Ministerio Público en Asuntos Penales, Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, Conciliación Administrativa y Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.