La solicitud la elevó la Procuraduría ante la Corte Constitucional por considerar que el artículo 7º la Ley 1690 del 2013 vulnera el principio de reciprocidad. A su juicio, se trata de un compromiso indeterminado de Colombia, que no encuentra compromiso de igual valía por parte de la contraparte, para incluir automáticamente en el tratado los demás convenios internacionales que se firmen en relación con el tratamiento de ingresos generados por asistencia técnica, servicios técnicos o de consultoría que sean más favorables a este. El resto del articulado, en concepto del Ministerio Público, es constitucional. En otro concepto que podrá consultar adjunto a esta nota, la Procuraduría pidió que se declare exequible la norma que establece las contribuciones parafiscales que financian el Presupuesto General de la Nación (artículo 81 de la Ley 1687 del 2013). A su juicio, la norma demandada no está incluyendo dentro del presupuesto a entidades que administren recursos parafiscales, así se refiera a ellas, ya que la misma indica que estas son ajenas al presupuesto. Es un error de técnica legislativa, dice, que no afecta la constitucionalidad del texto.