Ello obedece a que la Corte Constitucional declaró exequible la norma que estableció la posibilidad de iniciar de oficio las investigaciones penales por la comisión de ese tipo de conductas (artículo 1º parcial de la Ley 1542 del 2012). La Sala Plena no dio lugar a los requerimientos de la Procuraduría, que concluyó que la condición de querellables y desistibles que enmarcaba a esos tipo de litigios antes de esta reforma constituía un instrumento de defensa de la unidad del núcleo familiar.