Se debe analizar si la conducta afectó el normal desarrollo de las funciones de la empresa y trascendió la esfera privada.
Se realizarán mesas de diálogo de la comisión accidental para la reforma a la salud.
Es necesario iniciar un diálogo sobre las obligaciones del Estado, la familia y la sociedad frente a los adultos mayores y la protección de su dignidad.
La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 12 de la Ley 2272 del 2022, por vulnerar principio de igualdad.
La labor del juez de tutela debe limitarse a verificar si se presentó un defecto que torne en irrazonable la decisión adoptada.
La declaratoria no niega a los ciudadanos la posibilidad de construir obras o ejercer actividades conforme a la destinación del inmueble.
Frente al impacto fiscal, el Ministro de Justicia aseguró que se compensará con una disminución de la conflictividad social.
Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure a ellas y a sus familiares salud y bienestar.
Prórroga de la suspensión de términos hasta el próximo 22 de septiembre no aplica a estas salas.
La articulación institucional aumentará la probabilidad de localizar una persona desaparecida.
El ámbito de aplicación recae únicamente sobre las reglas de carácter pensional contenidas en convenciones colectivas o pactos, laudos arbitrales y acuerdos.
Admiten demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 20 y 225 del Código General Disciplinario (Ley 1952 del 2019).
La Comisión Primera del Senado logró aprobar 52 de los 62 artículos que tiene la iniciativa.
Admiten demanda en contra de los artículos 135 y 169 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294/23).
Según la demanda, existe violación de la supremacía constitucional, por incorporar contenido de una reforma constitucional.
La Comisión Primera del Senado discutirá y votará ahora el articulado radicado.
El proyecto fue radicado por los congresistas Alejandro García y Julio César Triana.
Según la demanda, disponer consecuencias jurídicas adversas al consumidor comporta un efecto represivo e intimidador.
Competencia de acción disciplinaria frente a magistrados del Tribunal para la Paz de la JEP no recae en la jurisdicción disciplinaria.
Se trasladarían los procuradores judiciales y otros funcionarios para fortalecer a la Rama Judicial.
Solo se registran problemas para los juzgados que remiten tutelas a través del sistema “Justicia XXI Web- Tyba” del Consejo Superior de la Judicatura.
La suspensión de términos no se aplica a las acciones constitucionales.
El carné de vacunación debe ser entregado de manera gratuita y obligatoria por la IPS o entidad vacunadora.
Según el demandante, presidente ejecutivo de Fasecolda, la norma desconoce el principio de unidad de materia.
El objetivo de la restricción es que no se desvirtúen los intereses de la empresa unipersonal y su proyección en el mercado.
Según los demandantes, se configuró una elusión material de debate, pues gran parte de la norma no fue conocida.
Cuando las afirmaciones entren en conflicto con otros derechos puede optarse por acciones que limiten el derecho constitucional.
El tribunal accionado no aplicó enfoque de género para verificar con pruebas el posible escenario de violencia contra la mujer.
El Estado debe garantizar el derecho a la educación y, por ende, adoptar planes individuales de apoyo y ajustes razonables (PIAR).
La ministra de Educación, Aurora Vega, radicó la iniciativa ante el Congreso.
La potestad del Estado no lo autoriza para prolongar de manera indefinida la etapa de investigación de ese tipo de trámites.
Se practican con la finalidad de que el empleador conozca las condiciones generales de salud físicas, mentales y sociales del trabajador.
En la demanda se indica que no cumplió con el umbral para el otorgamiento de la personería jurídica a partidos y movimientos políticos.
Empezará a regir el próximo 10 de octubre.
La sala especial de seguimiento a la Sentencia SU-020/22 documentó y sistematizó denuncias y documentos sobre desprotección.
El Ministerio Público señaló que vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio Público.
El Decreto 1469 delega funciones legales y constitucionales por el viaje del presidente Gustavo Petro a Chile.
Contra los resultados de la evaluación de competencias no procede recurso alguno.
Por primera vez en la historia, las comunidades afectadas por el narcotráfico y la guerra contra las drogas participaron en la creación de esta política nacional.
La situación de humedad atenta contra la salud, seguridad e integridad personal de la población privada de la libertad, e incluso de los funcionarios que allí laboran.
La ley permite otorgar al trabajador una licencia quedando a discrecionalidad del empleador si la remunera o no.
Según los demandantes, la inobservancia del principio de publicidad condujo a la ausencia de conocimiento de los congresistas al momento de votar.
En medio de la polarización y el juego político, la certeza que se ha consolidado después de 50 años es que las violaciones de derechos humanos vividas en Chile no pueden ser repetidas nunca más.
La prueba se realizó en las instalaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Al no identificarse como mujeres, los hombres trans y personas no binarias resultaban excluidos de las prestaciones previstas.
El Congreso excede sus facultades cuando excluye bienes que podrían tener relevancia histórica, cultural y arqueológica
Corresponde al Consejo Nacional Electoral asignar de manera inmediata los espacios adicionales en medios de comunicación social.
Es deber de quien juzga verificar, en cada caso, si frente a la existencia de un hecho contaminante se concreta también un daño ambiental.
Se trata de una obligación concreta que debe ser observada en el marco del principio de progresividad.
Las disposiciones cuestionadas extralimitaban las facultades extraordinarias previstas en el Acto Legislativo 04 del 2019.
La enfermedad le impide materialmente cumplir con los protocolos establecidos por el banco para activar su cuenta de ahorros.
Es importante adoptar medidas para investigar, sancionar, informar a los familiares el paradero del desaparecido e indemnizarlos.
El objetivo es ubicar a esas personas en igualdad de condiciones a las personas que no están en situación de discapacidad.
Durante este periodo el servidor accede a un derecho consistente en un descanso remunerado que le permita renovar fuerzas.
Por ser contrario al derecho a decidir de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar.
Grupos de WhatsApp son un mecanismo idóneo para estar en constante comunicación y contacto con la oficina durante el trabajo en casa.
El observatorio está dirigido a usuarios de la academia, el sector privado y el sector público.
Los destinatarios de estas convocatorias tendrán un descuento del 60 % en la cuota de compensación militar.
Según los demandantes, se vulneraba el debido proceso, en lo relacionado con los principios de independencia e imparcialidad judicial.
Los derechos ciertos están ligados con la concepción de derechos adquiridos y excluye las simples expectativas o derechos en formación.
La comunidad indígena Inga solicitó el amparo de sus derechos, por considerarlos vulnerados frente a la construcción de una vía.
La acción correctiva se hace a través de un proceso disciplinario, de acuerdo con el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo.
Barreto asumirá la conducción del despacho que quedó vacante con la terminación del periodo constitucional de Carlos Enrique Moreno Rubio.
La prestación de los servicios públicos domiciliarios deberá responder a criterios de calidad y continuidad.
La mesa de diálogo le solicitó oficialmente al Gobierno de México que considere la posibilidad de convertirse en sede del V ciclo de diálogos.
Demostrar la calidad de madre cabeza de familia es indispensable para lograr la protección especial y reforzada del Estado.
Dicha causa puede consistir en un hecho, una omisión, una operación o un acto administrativo de contenido particular.
Tutelan los derechos fundamentales a la imagen y a la intimidad de una menor transgénero por la publicación de un video en una red social.
La crítica situación se registra en los departamentos de Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.
No hay segregación de funciones, pues el fin destacado no lo permite
“Una Policía humana es una Policía que sabe que su esencia fundamental es defender derechos y libertades en el territorio, independientemente de cómo piensa”, afirmó el jefe de Estado.
Las inhabilidades son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en la Constitución o en la ley y su interpretación es restrictiva.
Según la Corte Constitucional, el empleador debe tomar ciertos cuidados, de manera que no se transgredan derechos fundamentales.
No se exige para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes que previamente se haya declarado la existencia de la unión marital de hecho.
Los inspectores de tránsito deben atender el deber de motivación que les exige una actividad probatoria intensa.
No existe regla absoluta sobre la procedencia o no de la acción de tutela frente a la perturbación de derechos colectivos.
La autora de la iniciativa es la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano.
La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “la resolución de conflictos societarios”.
La desconexión laboral implica una dimensión del descanso y a la par un límite al poder subordinante, se trata de una reivindicación de un espacio autónomo, libre de interferencias.
El empleador puede justificar su omisión y conceder al trabajador el disfrute de los días no concedidos.
Las cuestionadas habrían aparentado ser competidoras, pero en realidad habrían coordinado las probabilidades de ser adjudicatarias.
Juan Antonio Vallejo, Andrés Parias Garzón, Fabio Andrés Bonilla y Francisco Reyes Villamizar nos compartieron sus puntos de vista.
Osorio será magistrado de la Sección Primera, Portocarrero ingresa a la Sección Segunda y Barrera a la Tercera.
Existe una relación entre igualdad y servicios públicos que se materializa en el principio de universalidad en su prestación.
La jurisprudencia colombiana ha avanzado de manera favorable y coordinada en la precisión de los escenarios en los que debe declararse la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.
Ley estatutaria que define participación política de los servidores públicos no ha sido presentada ni debatida por el Congreso.
La prueba se realizará en forma manuscrita, el domingo 10 de septiembre, en las instalaciones de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Según la accionante, la instalación de dispositivos de georreferenciación en el vehículo asignado para su seguridad vulneró sus derechos.
Se ordenó devolver el auto a la misma jurisdicción para que se pronuncie de fondo sobre el recurso que presentaron los accionantes.
El demandante no logró articular una verdadera cuestión de constitucionalidad en su demanda, por ello se descartó la posibilidad de pronunciarse de fondo.
Asignar funciones jurisdiccionales a determinadas autoridades administrativas supone una definición clara, puntual, fija y cierta de las materias.
Carece de justificación constitucional excluir a otras formas de familia diferentes a las constituidas por matrimonio de la posibilidad de crear una sociedad comercial.
Se demostró que la alta corte incurrió en defecto fáctico al declarar el hecho de un tercero cuando no era procedente.
La defensoría pública al ser un servicio público no viola los mandatos constitucionales.
Según los autores, la Superintendencia de Industria y Comercio reporta 161.098 quejas desde el 2013 hasta la fecha por el mal manejo de datos personales.
La fragmentación de la Sala Penal es excepcional y se justifica cuando sea indispensable para asegurar la efectividad del derecho a impugnar la sentencia.
La iniciativa, de 92 artículos, incluye nuevas propuestas como la formalización laboral de trabajadores de puertos, centrales de abasto y de transporte.
Si uno de ellos no está conforme con la solución no está obligado a aceptarla.
La necesidad de aplicar el enfoque diferencial es para evitar la discriminación contra las mujeres.
Carlos Hernán Rodríguez no tenía competencia para asignar a su remplazo.
La Corte se está a lo resuelto en la Sentencia C-055/22 sobre el derecho a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad.
De acuerdo con el demandante, existieron irregularidades en el trámite de la norma.
De acuerdo con la demanda, la norma es contraria a los principios de legalidad y certeza del tributo dado a que contiene una indeterminación absoluta en la tarifa.
La iniciativa se llama Derechos a la mano, que permitirá democratizar el acceso a la información territorial utilizando la herramienta RUSICST.
Se aprobó una proposición del Centro Democrático que permitiría a congresistas tener otros empleos y así recibir ingresos adicionales.
Tribunal incurrió en defecto sustantivo al aplicar erróneamente el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo.
No existe precepto que así se los imponga, al contrario, la normativa aplicable recae en el usuario de la administración de justicia.
Según el demandante, el trato diferencial no está justificado constitucionalmente.
El propietario a quien se le aplicaría la extinción de dominio podrá optar por vender su predio a la Agencia Nacional de Tierras.
La Corte Constitucional admitió una demanda en contra del literal a) del artículo 251 del Código Sustantivo del Trabajo.
La norma acusada viola el principio de unidad de materia establecido en el artículo 158 de la Constitución Política, afirman los demandantes.
Señalan que se desconoció el principio de publicidad y se vulneró el procedimiento en relación con las proposiciones.
El objetivo de esta política será prevenir la desnutrición, malnutrición y enfermedades no transmisibles tanto en las gestantes como en los recién nacidos.
La norma acusada no vulnera el derecho a la igualdad, ni el de escoger profesión y oficio.
La Corte Constitucional convocó a audiencia para escuchar a demandantes y autoridades sobre la Ley 2272/22.
Aunque la CSJ le ordenó dejar sin efecto una decisión, la cuestionada emitió nuevos fallos sobre estabilidad laboral reforzada.
Normas cuestionadas desconocen la obligación del Estado de garantizar la capacidad jurídica de las personas en situación de discapacidad.
La disposición cuestionada desconocía que la libertad económica se ejerce sin abuso de la posición dominante en el mercado.
José Armenta, Ricardo Cañón, Jairo Corzo, David Roll y Gustavo Villamizar Motta son los nuevos integrantes de la lista de admitidos.
La Corte Constitucional recordó que la Sentencia C-233 del 2021 modificó los casos en los que la eutanasia es permisible.
El tiempo durante el cual el empleado está en vacaciones debe ser usado exclusivamente para que descanse y recupere fuerzas.
El ente acusador incurrió en mora judicial injustificada por no investigar con diligencia y, de ser el caso, juzgar y sancionar a los responsables.
Conozca los tres perfiles que la Corte Suprema de Justicia remitió al Consejo de Estado para la elección del próximo Auditor.
En todo caso, se deben vincular a las personas interesadas dentro del proceso administrativo que culmina con el acto de registro.
La mayoría de los municipios se encuentran en el suroccidente de país, pues allí es donde hay mayor presencia de estructuras ilegales.
La Corte Constitucional amparó los derechos de los menores y ordenó a los progenitores concurrir a la notaría para corregir los documentos.
La Corte Suprema ha reconocido situaciones muy particulares donde el carácter de imprescriptibles cede ante la protección de derechos adquiridos.
Ante el ICETEX se debe acreditar entre otras cosas el registro del SISBEN.
Hay casos en los que no existen órdenes y se ha ordenado el suministro de servicios, bajo condiciones específicas.
Este Gobierno reconoce, respeta y quiere ampliar el derecho de huelga en la reforma, aseguró la ministra Gloria Inés Ramírez.
La iniciativa adicionaría un tercer párrafo al artículo 48 de la Constitución Política.
A fin de constatar la configuración de la responsabilidad solidaria, lo relevante es que las actividades entre los empresarios sean real y materialmente afines.
En el proceso no podrán actuar como apoderados de otro ciudadano, pues estarían representado el interés de otro, como abogados.
El objetivo es que Mancuso contribuya con su conocimiento y experiencia al diseño de procesos de desarme colectivos.
Los empleados de las notarías siempre se han considerado trabajadores particulares contratados directamente por el notario.
Se negó una acción de tutela que pretendía eliminar una publicación anónima en Facebook y su retractación.
El estatuto se encuentra en fase de consenso y solo faltan por abordarse temas de gobierno propio y territorio.
Las dos partes afirmaron que “el signo distintivo de este proceso es la construcción democrática de la paz con la participación de la sociedad colombiana en su diversidad”.
La iniciativa pretende también crear un comité asesor conformado por cinco juristas.
La sola calidad de madre o padre cabeza de familia no autoriza en todos los casos la concesión de la prisión domiciliaria.
El rigorismo excesivo no es aplicable cuando se debe proteger un derecho constitucional.
Para declarar la responsabilidad disciplinaria es necesario revisar el factor de productividad del funcionario judicial.
Los departamentos que no lleguen actualmente a 300.000 habitantes tendrán asambleas de 11 diputados.
Se descartó la violación del principio de separación de poderes, toda vez que la participación de las diferentes ramas del poder público tiene sustento constitucional.
Por trascendencia social, el Consejo de Estado unificará su jurisprudencia sobre las sanciones a funcionarios elegidos por voto popular.
Se omitió su envío automático a la Corte Constitucional para control previo, integral y definitivo de constitucionalidad.
El documento plantea que se podrá autorizar el pago mensual de hasta $ 1 millón a los jóvenes beneficiarios.
El Inpec y la UNP deben establecer acciones apropiadas frente al riesgo al que se exponen los desmovilizados de las FARC-EP.
Se evidenció que la mayoría de la población migrante desarrolla trabajos informales, 7 de cada 10 personas están en estas actividades.
La ley con mayor cantidad de demandas es la 2277 del 2022, última reforma tributaria, con 40.
Con esta iniciativa se espera llegar a los territorios más lejanos del país y explicar las bases de las reformas laboral y pensional.
Este servicio debe ser prestado por empresas legalmente constituidas y debidamente autorizadas por las autoridades competentes.
Avalar el no pago de la indemnización administrativa implica imponerle al ciudadano consecuencias de actos irregulares que no le son atribuibles.
Se estudió una tutela del cacique mayor del pueblo Zenú tras el apoyo a su captura por parte de autoridades judiciales.
Son 3 fallos de constitucionalidad, 3 de unificación de jurisprudencia y 11 de salas de revisión.
La sola participación del magistrado en la expedición de la sentencia cuestionada a través del recurso extraordinario no afecta el principio de imparcialidad.
La Ley 1150 del 2007 excluyó la presentación del Registro Único de Proponentes en casos de contratación directa.
No aplicará en caso de sentenciados que se encuentren vinculados o relacionados con delincuencia organizada.
De acuerdo con el actor, la norma demandada vulnera el derecho a la igualdad.
Entre los protegidos están los magistrados del Tribunal para la Paz, los fiscales ante las salas y secciones y el Secretario Ejecutivo de la JEP.
“El acuerdo nacional es que los partidos del Gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes para darle solución a problemáticas sociales concretas”.
Ordenan exhumación del cadáver y práctica de prueba de ADN para establecer posible equivocación en la entrega de los restos.
El objetivo es ponerse al día con las 53 órdenes judiciales de actos de petición de perdón y compromiso de no repetición.
El alto tribunal busca actualizar el marco de procedimiento que rige en Colombia desde 1948.
Dependiendo de la situación administrativa, el empleado encargado podrá recibir la diferencia salarial del alcalde.
La imposición de penas accesorias debe observar estrictamente lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal.
Ratifica compromiso con la reforma rural integral.
Hay violencia institucional cuando el operador judicial incumple su deber convencional y constitucional de administrar justicia con perspectiva de género.
No obstante, se garantiza la afiliación del recién nacido al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La normativa se centra en los principales factores por los que se declaró el estado de emergencia social y económico en el departamento.
Busca enfrentar la evasión tributaria en razón de los recursos que dejan de ingresar al fisco por esta actividad.
El acto se realizó ayer el lunes, 31 de julio, en el Palacio de Justicia.
La condición de no tener en curso investigaciones administrativas migratorias originadas en su ingreso irregular al país o no tener en curso procesos policivos.
Existe ausencia de tipicidad, en tanto se mantiene el espectro de la configuración constitucional del libre desarrollo de la personalidad de cada uno de ellos.
El interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario quedó en 28.75 %.
La fórmula de aumento de las mesadas superiores al salario mínimo permite mantener el poder adquisitivo sin afectar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
En ningún caso el personal asignado por la Policía Nacional podrá conducir los vehículos asignados al esquema.
Las sanciones deben ser proporcionales al daño que se genere.
La intervención inmediata establece nueve ejes estratégicos, que funcionarán como un plan de choque para articular medidas urgentes.
El Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y Abogados sin fronteras Canadá establecerán la alianza.
No existe disposición constitucional o legal que impida el goce de las pensiones de manera concomitante.
La Procuraduría General de la Nación es competente para investigar y juzgar disciplinariamente a los funcionarios públicos, incluidos los servidores de elección popular.
La ARN administra los bienes y servicios necesarios para el proceso de reincorporación.
Jueces deben determinar afectaciones y beneficios derivados de la divulgación de la información solicitada y sus efectos sobre los derechos y bienes en disputa.
Salvo que lo haga en función de su cargo, el contrato se lo permita, lo haga en causa propia u obre como abogado de pobres.
La garantía del derecho de defensa se satisface, entre otras, con la asistencia del investigado o de su defensor de oficio.
Se vulneraron las prerrogativas del estudiante al no garantizarle un acompañamiento idóneo ni activar rutas de atención.
El daño se está generando por los procesos erosivos e impactos ambientales derivados del diseño de los descoles de la doble calzada.
Proveedores deben acreditar que dentro del personal cuentan con mujeres, personas con discapacidad y mayores de 45 años.
La remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación.
La responsabilidad sobre el cumplimiento de la atención permanente, de protección y salvaguarda recae sobre las alcaldías.
El jefe de Estado envió una carta a la procuradora, Margarita Cabello, argumentando su decisión.
Las conductas restrictivas de la libre competencia no involucran a funcionarios públicos de la Gobernación del Cauca.
Se dará prioridad a las mujeres campesinas, los jóvenes, las víctimas de la violencia y los reincorporados.
La normativa no establece el procedimiento que se debe seguir para la notificación personal del comparendo.
El aporte de verdad plena a que están obligados los comparecientes ante la JEP contribuirá a los procesos de investigación.
¿Qué avances y retos reflejan los litigios promovidos en Latinoamérica para revertir los efectos ecológicos y sociales de la crisis climática?
El Consejo Superior de la Judicatura implementará de manera gradual y progresiva la creación de tribunales y juzgados agrarios rurales.
El disciplinado puede asumir otras actividades mientras cumple la sanción impuesta por la CNDJ.
En la circular se estipulan aspectos a tener en cuenta sobre traslados, vacantes temporales y el aplicativo Sistema Maestro.
