El Ministerio del Interior puso en funcionamiento un Programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, o en razón del ejercicio de su cargo. 

Dicho programa será responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior.  

El Gobierno precisó cuál es la población objeto del programa atendiendo lo regulado en la Ley 418 de 1997 y las normas concordantes.

Estas son algunas de las personas que necesitan medidas de protección:  

i) Dirigentes o activistas de grupos políticos, directivos y miembros de organizaciones políticas declaradas en oposición. 

ii) Representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, sociales, cívicas, comunales o de campesinos. 

iii) Dirigentes, representantes o activistas de organizaciones gremiales. 

iv) Miembros de la misión médica. 

vi) Periodistas y comunicadores sociales. 

vii) Servidores públicos que tengan o hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la política de derechos humanos y paz del Gobierno nacional. 

viii) Magistrados de las salas del Tribunal para la Paz y los fiscales ante las salas y secciones y el Secretario Ejecutivo de la JEP. 

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