Abogados que son servidores públicos pueden ejercer control social, ya que actúan como simples ciudadanos

En términos generales, los abogados que tienen la calidad de servidores públicos no pueden ejercer su profesión, salvo excepciones legales. Esta incompatibilidad no puede ser interpretada como una prohibición a los servidores públicos para presentar acciones judiciales que no requieren la asistencia de un abogado o que, en general, corresponden al ejercicio de los derechos de las personas, precisó el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Los medios de control de nulidad por inconstitucionalidad y nulidad simple, en los términos de los artículos 135 y 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), pueden ser interpuestos por toda persona, sin la necesidad de actuar mediante un profesional del Derecho. Así las cosas, señaló la entidad, los abogados que tienen la calidad de servidores públicos pueden ejercer el derecho de acceso a información pública y control social por cuanto actúan como simples ciudadanos, siempre y cuando realicen estas actividades fuera del horario laboral.

El medio de control de nulidad simple puede ser presentado por un empleado público de profesión abogado, pero en su calidad de ciudadano. En el proceso no podrá actuar como apoderado de otro ciudadano, pues estaría representando el interés de otra persona demandante como su abogado.

Ahora bien, en ejercicio del control social, un servidor público puede crear una forma asociativa con estos fines, como alianzas con organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones, universidades, gremios empresariales, medios de comunicación y entidades afines, para fortalecer su ejercicio, darle continuidad y obtener apoyo financiero, operativo y logístico.

Sin embargo, debe considerar otras prohibiciones que pesan sobre los servidores públicos, las cuales no pueden transgredirse en aras del ejercicio de control social, como sería la restricción de contratar con entidades públicas y percibir más de una asignación proveniente del tesoro público.

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