La Superintendente de Transporte ha sido reiterativa en instar a las autoridades locales a desarrollar e implementar acciones concretas, eficientes y efectivas para el control de toda forma de ilegalidad e informalidad en la prestación del servicio público de transporte. 

En este sentido, mediante una circular externa expresó que “el servicio público de transporte es regulado, vigilado y controlado por el Estado. Esto para garantizar la materialización de los fines constitucionalmente establecidos en la ley”. 

Además, la circular hace énfasis en que se ha exigido que dicho servicio sea prestado por empresas legalmente constituidas y debidamente habilitadas por las autoridades competentes, con vehículos homologados y registrados.

Para tal fin, es preciso que las autoridades locales apliquen todas las sanciones que tengan lugar tanto en materia de tránsito como en materia de transporte, atendiendo a la conducta infringida y el sujeto infractor, trátese de empresas de transporte, propietarios, conductores, así como a todos aquellos que presten un servicio no autorizado (ilegal).