Es posible esta acumulación de cotizaciones, independientemente de si la afiliación al ISS se dio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100.
La libertad de expresión y de opinión son esenciales a las organizaciones sindicales.
Conozca los requisitos para que proceda la causal 7ª de la acción de revisión basada en el cambio de jurisprudencia.
El Instituto Nacional de Contadores Públicos señala que el revisor fiscal no desempeña gestión fiscal, su función no puede confundirse con la de los administradores.
Amparan derechos de menor de edad que padece enfermedad huérfana y que requiere medicamento sin aprobación sanitaria y excluido de la financiación de salud.
La Corte Constitucional estudió una demanda contra varios artículos de la Ley 1979 del 2019, que reconoce, rinde homenaje y otorga beneficios a los veteranos de la fuerza pública.
El actuar del cuestionado, carente de todo fundamento legal, fue deliberado y caprichoso y, por ende, temerario o de mala fe.
El 13 de noviembre inicia el periodo de inscripción de candidatos a las circunscripciones transitorias y es la fecha límite para la creación o reubicación de puestos de votación.
Las compañías aseguradoras pueden ser vinculadas a proceso incidental por solicitud de la víctima o del condenado penalmente.
La obligación de pagar el dictamen desfavorece en un alto grado a la accionante y amplía las desigualdades de tipo social y económico que la afectan.
En este caso las pretensiones de ese país no versan sobre soberanía territorial ni sobre áreas de jurisdicción marítima, sino únicamente sobre ciertas actuaciones de Colombia y su compatibilidad con el derecho internacional.
Se precisó la necesidad de un pronunciamiento para asegurar que en el futuro se preserve la continuidad en los tratamientos de salud de migrantes.
El desacato frente a las decisiones de la bancada y sus manifestaciones públicas en contra de esas decisiones no generan violación a este régimen.
De manera excepcional, la tutela es procedente para resolver este tipo de controversias sobre la compartibilidad pensional.
La aplicación del mecanismo de revocatoria directa se restringe a los supuestos contemplados por el ordenamiento.
Se requiere haber formalizado la renuncia al momento de inscribir su candidatura, a fin de evitar estar dentro de la prohibición constitucional.
Corte Constitucional estudió demanda contra, entre otros, el numeral 3 (parcial) del artículo 336 y el numeral 2 (parcial) del artículo 388 del E. T.
El documento desarrolla los mecanismos legales de protección de los bienes y presenta los de orden sustancial que contempla el ordenamiento judicial para la protección de los BIC.
Existe información que, a pesar de no tener el carácter de secreta o reservada, es estratégica o confidencial y puede ser utilizada para otros fines.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Acceso a sustitución pensional puede ser reclamado por tutela cuando de él depende la satisfacción del mínimo vital de los familiares del causante.
Jueces deben desplegar todas las actuaciones necesarias para conocer la verdad sobre los hechos que suscitan la acción y decidir si procede o no el amparo.
Los árbitros son particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia para proferir fallos en derecho o equidad.
La Sala Civil de la Corte Suprema explicó que la separación de hecho da lugar a disolución de la sociedad conyugal conformada.
También se exhortó al Congreso a avanzar en los compromisos en materia de promoción del pluralismo político previstos en el Acuerdo Final de Paz.
Consejo de Estado suspendió provisionalmente efectos jurídicos de varios artículos de una ordenanza proferida por la Asamblea del Norte de Santander.
La Corte Constitucional declaró inexequible una expresión contenida en el literal b) del numeral 2º del artículo 91 de la Ley 2010 del 2019.
Uno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación humanitaria periódica es haber sido calificado con una PCL igual o mayor al 50 %.
En los casos de atipicidad objetiva de la conducta es procedente aplicar un régimen objetivo de responsabilidad.
La UGPP presentó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero desistió del mismo.
Jueces deben eliminar cualquier forma de discriminación contra de la mujer y, también, incorporar criterios de género al solucionar los casos.
La estabilidad laboral reforzada por maternidad es un derecho cierto e indiscutible y, por lo tanto, de pactarse una terminación de mutuo acuerdo es ineficaz.
Niegan nulidad del concurso de méritos para proveer planta de personal de la Alcaldía de Tocancipá.
Para determinar las conductas que guardan relación con el servicio se ha fijado un conjunto de criterios que permiten identificar el vínculo con la función al que se refiere la Constitución.
La Corte Constitucional recordó las condiciones en las que procede la afiliación al régimen subsidiado de salud por parte del Estado.
No obstante, deberá presentar su renuncia y la misma debe ser aceptada antes de su inscripción como candidato.
El pago de las incapacidades no solo debe ser visto como una simple pretensión económica, precisó la Corte Constitucional.
Aplica únicamente en relación con los hechos ocurridos con posterioridad al 13 de enero del 2021.
El Consejo de Estado explicó cuáles factores salariales se deben incluir en el IBL para la pensión de los beneficiarios del régimen de transición.
La medida es conducente para evitar congestión judicial y brindar celeridad y seguridad jurídica al trámite.
Por medio de una sentencia de unificación, la Corte explicó la suspensión del contrato de trabajo y sus implicaciones respecto a la huelga.
Igualmente, por razones de excepcional necesidad nacional, se autoriza a la Vicepresidente de la República para que permanezca fuera del territorio nacional al mismo tiempo que el Presidente de la República, mientras él se encuentra realizando visitas oficiales.
Debe tener en cuenta que no puede litigar y que los servicios que preste su firma no se relacionen con las funciones propias del empleo.
Empleador enterado de la enfermedad compleja del trabajador no puede despedirlo sin permiso del Ministerio de Trabajo.
Renuencia de madre a asistir a práctica de prueba de ADN determinó falta de legitimación para formular casación y dejó en firme reconocimiento del padre.
Administradora de pensiones de la Policía no deben imponer barreras administrativas en reconocimiento de sustitución de retiro.
El 13 de noviembre inicia el periodo de inscripción de candidatos a las circunscripciones transitorias.
Es indispensable definir el accidente de trabajo, acorde con el artículo 3º de la Ley 1562 del 2012, para saber cuándo se está frente al mismo.
El presidente del Senado había negado la remisión del Proyecto de Acto Legislativo 017/17C – 005/17S.
La Corte Constitucional admitió una demanda presentada contra el inciso segundo del artículo 107 del Código Penal.
La Corte Constitucional exhortó al Ministerio del Trabajo para fortalecer capacidad de respuesta a quejas en procesos de selección laboral.
Corte Constitucional reiteró las reglas jurisprudenciales sobre el derecho al acceso progresivo a la tierra.
El contenido de la norma cuestionada es compatible y concordante con la prohibición prevista en el artículo 126 superior.
La Corte Constitucional declaró inexequible el literal a) del artículo 1º de la Ley 2003 del 2019, pero aclaró el sentido del fallo.
La Corte Constitucional abordó el tema del debido proceso administrativo en los trámites asociados a la determinación de medidas de protección.
Amparo ligado a situaciones insertas en un estado de cosas inconstitucional no excluye competencia del juez de tutela.
En el caso concreto, la Corte Constitucional encontró probada la ocurrencia de un hecho superado.
Se trata de aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión.
Para dar cumplimiento a la orden de suspensión es necesario que se verifiquen varias exigencias, precisó la Corte Constitucional.
La norma también dispone que no se recomienda la desinfección de zapatos para la reducción de transmisión del virus.
Se definió un texto compuesto por 65 artículos, el cual fue aprobado con 132 votos a favor en Cámara y 70 en Senado.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021.
Las disposiciones cuestionadas condicionan la realización de dichas actividades al uso de buenas prácticas ambientales y la defensa del territorio.
El Consejo de Estado imparte nuevas directrices para salvaguardar derechos de manifestantes, uniformados y demás ciudadanos en el marco del paro nacional.
Se exhortó a la Secretaría de Educación del Cauca y al Ministerio de Educación para que elaboren un diagnóstico sobre la infraestructura educativa del municipio.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el numeral 3º del artículo 1º de la Ley 1893 del 2018.
La movilidad salarial debe garantizar no solo el poder adquisitivo del salario, sino su incremento.
Si bien los pensionados pueden ser sujeto de discriminación, ello no es suficiente para exigir al legislador equiparar los elementos de liquidación.
Jueces constitucionales no pueden aplicar reglas del trámite escrito cuando presuntamente esté vulnerado en el seno de una comunidad indígena.
Que al accionante no le satisfaga lo resuelto por las accionadas, por no ser favorable, no es motivo para amparar el derecho de petición.
Se vulneraron los derechos de la accionante al negarle las citas con la junta multidisciplinaria para que definiera los procedimientos necesarios.
Llamado de atención a Fonprecon para que haga una evaluación detallada de las pruebas médicas que presenten los ciudadanos cuando reclamen la sustitución pensional por invalidez.
Si bien la norma establece como obligación cobrar tasas de uso, estas no han sido fijadas por el Ministerio de Transporte.
Armonización que realizaron las autoridades judiciales de los artículos del CPT y del CGP no fue caprichosa, inadecuada o violatoria del derecho sustancial.
Corte protegió derecho pensional de adulto mayor que fue vulnerado por decisiones que desconocieron pronunciamientos sobre principio de favorabilidad.
Cuando el contrato de suministro no contenga cláusula de exclusividad, suministrado puede celebrar acuerdos sin afectar primera relación.
El Congreso transgredió su poder de reforma y afectó un eje definitorio de la Constitución como lo es el Estado social de derecho fundado en la dignidad humana.
El Consejo de Estado precisó qué constituye la contaminación marina y cuáles son los daños de esta.
Este es un derecho fundamental que trasciende el campo puramente ambiental, precisó la Corte Constitucional.
La noción de cargo público aplica a quienes desempeñan un empleo público basado en la vinculación legal y reglamentaria.
Cuando existe vulneración o amenaza a derechos fundamentales, las decisiones pueden ir más allá de lo pedido.
Al interesado en su reparación le corresponderá, además de probar su ocurrencia, acreditar su extensión o dimensión, esto es, su cuantía o ‘quantum indemnizatorio’.
El reconocimiento y pago de las incapacidades fueron atribuidas a los distintos agentes del sistema.
El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa.
Un abogado fue investigado y sancionado en primera instancia, al incurrir en maniobras dilatorias ante el tribunal de arbitramento.
La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso de un soldado en servicio activo diagnosticado con VIH.
Sus integrantes no son servidores públicos y, por ende, no se configura la prohibición constitucional.
El fallo explicó que la ineficacia de un negocio jurídico comprende las diferentes variables que afectan las repercusiones esperadas de los acuerdos privados.
La Corte profirió dos decisiones sobre el piso de protección social incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. En una declaró la exequibilidad condicionada de la medida, la cual será transitoria, debido a que en el otro fallo declaró, por cargos diferentes, la inexequibilidad de la norma a partir...
La Circular 016 del 2018 admite la matrícula del estudiante sin contar con los certificados convalidados por la autoridad colombiana, en tanto se logra su legalización.
Está inhabilitado para celebrar contratos por sí o por interpuesta persona o en representación de otro.
Corte Constitucional ordenó instalar energía eléctrica en una vivienda afectada por la falta de este servicio.
Incumplimiento del plazo de respuesta frente a solicitudes de expedición de esta tarjeta profesional puede poner en riesgo varios derechos fundamentales.
La Nación tiene la obligación de impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversión del orden nacional en materia de educación.
La operación se realizó en su totalidad a precios de mercado. Como pago de los dólares, se entregó al Banco TES del portafolio diversificado que administra, valorados a precios de mercado.
En el caso concreto, la corporación determinó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la inmediatez.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra dos apartes contenidos en los numerales 5º y 6º del artículo 389 del Código General del Proceso.
De advertirse inconvenientes que incidan directamente en la consolidación del programa, el bien puede ser sujeto de cesión o transferencia a título gratuito.
Autoridades deben garantizar progresivamente que los menores ejerzan sus derechos a medida que estos desarrollan un mayor nivel de autonomía personal.
La Corte Constitucional declaró exequible la expresión “o privados” contenida en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993.
Consejo de Estado explicó el alcance y la finalidad del recurso de insistencia
La entidad no tiene facultades para garantizar la producción de este complemento nutricional en mayores cantidades para distribuir a otros países.
Todas las medidas de hecho tendientes a impedir que forme o conserve los lazos familiares deben ser reprendidas.
El ordenamiento jurídico les impone a las EPS el deber de adelantar las acciones de cobro de los aportes en mora.
Aunque los autores de la iniciativa celebran su aprobación y consideran que facilitará el acceso al crédito, sus detractores afirman que impactará las tasas de interés, dificultando que los bancos le presten a personas de menores ingresos.
La Corte Constitucional estudio una demanda presentada contra el artículo 37 A de la Ley 712 del 2001, que reformó el Código Procesal del Trabajo.
Juez de tutela debe verificar cumplimiento de requisitos de procedibilidad que fijó la Corte Constitucional
La Corte Constitucional indicó una distinción entre los actos administrativos definitivos y los de trámite.
Según la reforma constitucional, la Cámara de Representantes tendrá 16 representantes adicionales para los periodos constitucionales 2022-2026 y 2026-2030.
El alto tribunal moduló los efectos de la decisión, los cuáles se difieren a partir del 20 de junio del 2023.
Se dará una mirada al derecho a la rectificación por internet y se examinará si la responsabilidad civil extracontractual por publicaciones y los delitos de injuria y calumnia son una limitante frente a la libertad de expresión y de prensa.
La Corte Constitucional admitió una demanda presentada en contra del artículo 68 de la Ley 44 de 1993.
La Corte Constitucional suspendió la realización de las pruebas de la Convocatoria 27 programadas para este domingo 29 de agosto.
El acompañamiento de la Procuraduría se realiza con el objetivo de tener una respuesta oportuna y garante de derechos.
Consejo de Estado decidió el control inmediato de legalidad de la Resolución 789 del 2020 y la Resolución 947 del 2020, de la Aeronáutica Civil.
Se dará una mirada al derecho a la rectificación por internet y se examinará si la responsabilidad civil extracontractual por publicaciones y los delitos de injuria y calumnia son una limitante frente a la libertad de expresión y de prensa.
La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 188 de la reforma tributaria estructural (Ley 1819 del 2016).
La Corte indicó que las personas pueden demostrar su domicilio en Colombia a través de medios de prueba distintos al establecido en el Decreto 4000 del 2004.
El exministro había sido demandado en repetición por la entidad debido a que tuvo que indemnizar a una exfuncionaria que no fue incorporada a la planta de personal del ministerio cuando se fusionó con el Ministerio del Interior, en 2003, pese a tener derechos preferenciales.
La Corte Constitucional indicó la definición de patria potestad, la consecuencia natural de su pérdida y las causales.
La demanda de inconstitucionalidad se presentó contra el artículo 67 de la Ley 472 de 1998 y de los artículos 273 y 274 del CPACA.
La Sala Plena de la Corte Constitucional abordará esta semana el estudio del proyecto de ley estatutaria aprobado en 2020 por el Congreso que modifica la Ley 1266 del 2008, sobre habeas data en materia financiera.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 86 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
La situación se presenta cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público.
Consejo de Estado recuerda los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Apreciación de las pruebas en forma individual y en conjunto deben corresponder a los contextos en que se desarrolla la vida familiar de las parejas diversas.
La prohibición se encamina a restringir que quien tenga la función nominadora en una entidad nombre a sus parientes o cónyuge.
El Consejo de Estado precisó que los elementos aportados por la Fiscalía no permitían inferir que el demandante hubiera participado en el delito de rebelión.
Las prerrogativas que consagra el régimen de derecho de autor contemplan un doble contenido: derechos morales y patrimoniales.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra algunos apartes del numeral 3 y 4 del artículo 11 del Decreto Ley 20 del 2014.
Corte Constitucional protege derecho a la salud de una menor venezolana en condición migratoria irregular.
La tarifa busca recuperar los costos del servicio, cuya financiación se determina por cobertura, calidad y redistribución de ingresos.
Protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación significó un cambio trascendental en la concepción del Estado a través de la Constitución del 91.
El alto tribunal le dio dos meses al Ministerio del Trabajo para que expida una regulación para el reconocimiento de dicha prestación en el Régimen de Prima Media con base en la nueva metodología.
El Consejo de Estado indicó que este llamamiento es contrario a la prohibición de que trata el inciso 2° del artículo 134 de la Constitución Política.
La Corte Constitucional protegió el derecho a la libertad de expresión y de prensa de periodistas en procesos de presunta responsabilidad civil.
Antes que trasgredir la Constitución Política, constituye un esfuerzo por avanzar en el desarrollo armónico de protección de la población joven.
La norma establece diferentes opciones de plazos y montos. De esta manera los interesados pueden acogerse a la alternativa más adecuada según su caso particular.
La Corte declaró inconstitucional un parte contenido en el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 2029 del 2020.
Será el consejo directivo, previa recomendación del consejo académico y consentimiento de los padres, quien autorice la promoción.
Consejo de Estado precisó qué se requiere para que un servicio se considere como intermedio de la producción.
El Consejo Superior de la Judicatura expidió un acuerdo mediante el cual actualizó las tarifas del arancel judicial para las jurisdicciones de lo contencioso administrativo, constitucional y disciplinaria, así como de los asuntos civiles y de familia de la jurisdicción ordinaria.
La Corte declaró inexequible una expresión del artículo 116 del PND sobre evaluación de proyectos de APP de iniciativa privada, al considerar que vulneraba su derecho a la propiedad privada.
La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 298 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
El aumento salarial anual produce efectos fiscales a partir del 1 de enero del respectivo año y, por ende, tiene carácter retroactivo.
Consejo de Estado debe definir si los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021 deben ser aplicados o deben ser exceptuados.
La característica de color blanco puede variar en función de la utilidad que este cambio represente.
Derecho a la salud es fundamental y autónomo y su protección atiende al principio de integralidad: Corte Constitucional.
Así lo señaló la Corte Constitucional al conceder una tutela en contra de una decisión del Consejo de Estado que se abstuvo de reconocer el pago de indemnización por lucro cesante a la familia de una persona ejecutada extrajudicialmente por el Ejército.
El Gobierno objetó por inconstitucionalidad el proyecto de ley 212/17S–179/17C, que adicionó un nuevo parágrafo al artículo 7 de la Ley 180/95.
La participación en la prestación se basa en los principios del libre ejercicio de la actividad económica y de la iniciativa privada, dentro de los límites del bien común.
Confirman sentencia que negó pretensiones anulatorias de elección del alcalde de Bello - Antioquia.
Los empleados de las UTL no ejercen autoridad, pues están subordinados al senador o representante a la Cámara.
El entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas, contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas.
Los BEP, un criterio de desempate en materia de licitaciones públicas y una tutela por parte de una antigua trabajadora del Seguro Social, entre los temas que estudió el alto tribunal.
El Consejo de Estado les advirtió a las autoridades accionadas que las órdenes dadas son de obligatorio y perentorio cumplimiento.
Dichas armas como armas menos letales, se regirían estrictamente a la regulación establecida en el Decreto Ley 2535 de 1993.
La Corte Constitucional explicó las diferencias entre cosa juzgada y temeridad.
La expresión “sociedad” de los artículos 263 y 264 del Código de Comercio había sido demandada ante la Corte Constitucional, pero el alto tribunal se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo.
Luego del escándalo de los últimos días por la filtración involuntaria de los contratos con algunas farmacéuticas, hoy el Consejo de Estado reveló su decisión de declarar improcedente la tutela en contra de la decisión del Tribunal de Cundinamarca que obligó al Gobierno a revelar los contratos.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021, que reformó el CPACA.
La Sala Plena de la Corte declaró la exequibilidad de la disposición del artículo 3 de la Ley 789 del 2002, que limita el acceso a dicho beneficio para personas con hijos menores de 18 años, independientemente del tipo de vínculo filial.
La Corte Suprema explicó que el ejercicio del contrato sindical requiere de un sistema de relaciones laborales firme con organizaciones sindicales sólidas.
Confirman improcedencia de tutela de la Superservicios contra sentencia de nulidad del Consejo de Estado.
En el caso concreto, la Corte Constitucional declaró la carencia actual de objeto por daño consumado.
En todo caso, los medios y canales dispuestos deben propender por la materialización efectiva de derechos fundamentales.
Dentro de las salvedades que prevé la norma está litigar en causa propia y cuando lo debe hacer en función de su cargo.
Se conoció la versión según la cual existe una molestia dentro del Consejo de Estado por decisiones recientes de la Corte Constitucional en las que revoca sus sentencias.
La norma establece que para poder despedir a los beneficiarios de esta ley se deberá contar con autorización del inspector de trabajo o, en su defecto, del alcalde municipal.
Así lo estableció la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del Acuerdo sobre cooperación financiera suscrito entre Colombia y Francia en 2016.
Un ciudadano de la tercera edad presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 203 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
El alto tribunal tuteló los derechos de una mujer que fue elegida rectora de una universidad pero cuyo nombramiento había sido anulado por el Consejo de Estado, al considerar que esta había incurrido en la inhabilidad del artículo 126 constitucional.
Corte Constitucional condicionó el numeral 4° del artículo 411 del Código Civil e hizo un llamado a los jueces y al legislador.
Ampliar el trabajo educativo en casa y retorno gradual a la modalidad presencial bajo el sistema de alternancia no vulnera la Constitución Política.
Se podrán continuar ofreciendo acuerdos de pago incluso a los beneficiados con la reinstalación y/o reconexión del servicio.
La Corte tuteló el derecho al debido proceso del exalcalde luego de revocar una sentencia del Consejo de Estado que lo había condenado a pagarle casi $ 600 millones al Distrito Capital.
No obstante, la entidad puede evaluarlos a través de instrumentos diseñados para tal fin o emplear formatos similares.
El alto tribunal declaró la legalidad de la Resolución 040/15, mediante la cual la Procuraduría abrió y reglamentó la convocatoria para los cargos de procuradores judiciales de la entidad.
La Corte Constitucional admitió dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el artículo 170 de la Ley 1801 del 2016.
Se sancionó ayer la ley que extiende algunos de los beneficios de la Ley 82 de 1993 a los hombres cabezas de familia en materia de inclusión financiera, protección social y emprendimiento.
Cada pueblo indígena tendrá completa libertad de realizar dicha conmemoración y celebración, según sus respectivas costumbres y creencias.
La Ley 489 de 1998 determinó la organización y funcionamiento de las entidades y organismos pertenecientes a la Rama Ejecutiva.
Se devolvió la personería jurídica al partido luego de revocar la sentencia del Consejo de Estado, que negó la nulidad de unas resoluciones del Consejo Nacional Electoral.
La norma introduce cambios en las atribuciones del alcalde mayor, los alcaldes locales y las JAL, así como en el régimen de remuneración de los empleados del Distrito Capital.
El tiempo laborado dentro de los consultorios jurídicos puede ser contado para efectos de acreditarlo como experiencia profesional.
Se otorgan herramientas para gestionar su diseño institucional y garantizar una atención especializada e interdisciplinaria.
Es necesario surtir un procedimiento previo que garantice el debido proceso a los usuarios antes de adoptar la medida.
Habían sido demandadas varias expresiones del artículo 384 del Código General del Proceso. El alto tribunal se estuvo a lo dispuesto en las sentencias C-056/96 y C-070/93.
La Corte Suprema de Justicia no reconoció la existencia de una unión marital de hecho entre un policía y un sacerdote fallecido.
Los empleados de carrera administrativa pueden ser incorporados en un empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal.
Fue presentada una demanda en contra de tres prohibiciones de las contenidas en el artículo 15 del Decreto Ley 953 de 1997. Para el demandante las disposiciones vulneran el derecho al debido proceso en tanto su interpretación y alcance queda al criterio subjetivo del operador disciplinario.
Es de precisar que, por ser una reforma constitucional, a la iniciativa le resta otra ronda de cuatro debates en segunda vuelta antes de poder integrarse a la Constitución.
Las entidades encargadas del aseguramiento deben pagar las incapacidades de origen común a los diagnosticados con covid-19.
El Consejo de Estado recordó esta regla, contenida en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en el marco de una acción de cumplimiento promovida en contra de diferentes entidades.
La Sala de Consulta del Consejo de Estado resolvió varias preguntas al Ministerio de Transporte sobre el alcance, procedencia y el procedimiento que debe seguirse al aplicar sanciones por reincidencias infracciones de tránsito.
La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación definir un sistema transitorio de equivalencias que le permita a los etnoeducadores gozar de los beneficios del escalafón docente.
Según la Corte Constitucional, el artículo 243 del PND no desconoce el mandato constitucional de unidad de materia previsto en el artículo 158 de la Carta Política.
Al resolver un mecanismo de revisión eventual dentro de una acción de grupo promovida en contra de una empresa de energía y otras entidades, el alto tribunal unificó su jurisprudencia.
El alto tribunal recordó los antecedentes, concepto, alcance y test existentes en materia de protección de la propiedad intelectual respecto del software.
No se evidenció que el funcionario haya desbordado la órbita de sus funciones como juez constitucional, ni que haya desplazado las atribuidas a los jueces ordinarios.
