Condenan a la Fiscalía por privar de la libertad a un médico sin probar que perteneció a las Farc

La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía General por los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad a un médico bajo el argumento que pertenecía a la guerrilla de las Farc.

Así mismo le ordenó ofrecer excusas al profesional acusado de rebelión, sin que la justicia penal lograra demostrar que incurrió en ese delito. Cabe precisar que el profesional de la salud fue privado de su libertad en dos ocasiones diferentes.

En esta oportunidad, el alto tribunal negó las pretensiones de absolución invocadas por el organismo investigador y determinó que solo debe ser condenada por la privación de la libertad que sufrió el médico en un periodo, que fue detenido sin justificación legal, por cuanto la detención que sufrió en el segundo lapso sí estaba legalmente justificada.

Según las pruebas, la diligencia de allanamiento en la que resultó detenido fue ilegal, pues se basó en testimonios de personas que aseguraban que a la residencia ingresaban permanentemente personas sospechosas. Además, tampoco se incluyó como justificación la interceptación de una conversación telefónica que mantuvieron el demandante y uno de los comandantes de la Quinta Compañía de las Farc. (Lea: Cuando detención preventiva es necesaria, proporcional y razonable no da lugar a indemnización por parte del Estado)

A pesar de que el ente investigador sostuvo que esta evidencia no fue incluida para justificar la diligencia “para no quemar la línea”, ello no era suficiente para considerar que la actuación fuera legal, más si se tiene en cuenta que ninguna de las personas interrogadas identificó al procesado como integrante de la guerrilla.

En conclusión, los elementos con los que contaba la Fiscalía no permitían inferir que el demandante hubiera participado en el delito de rebelión, es decir, que fuera miembro o colaborador de las Farc y compartiera el propósito de derrocar al Gobierno o suprimir o modificar el régimen constitucional vigente mediante el empleo de las armas (M. P. Martín Bermúdez Muñoz).