Un auto del Consejo de Estado asegura que el Gobierno excedió su facultad de corregir yerros tipográficos o caligráficos con la expedición del Decreto 1736 del 2012.
Aunque se pueda interpretar que dicha información únicamente puede proporcionarse en el documento soporte, la misma podría entregarse de forma separada, precisó la Superindustria.
La consagración de las causales de pérdida de investidura debe ser expresa y su interpretación estricta, lo que quiere decir que su deducción y aplicación siempre debe estar ajustada a los presupuestos contenidos en la Constitución y la ley, enfatiza un fallo reciente del Consejo de Estado.
El presidente Juan Manuel Santos devolvió al Congreso el proyecto de ley que reconocía la relación laboral entre las madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por considerarla inconstitucional e inconveniente.
Para el demandante, el legislador había excedido y vulnerado el derecho al debido proceso. Los magistrados Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza se apartaron de la decisión mayoritaria.
Todas las personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera continua, precisó la Corte Constitucional por medio de una sentencia de tutela.
El carácter universal del derecho de indexación en este primer reconocimiento exige que no haya distinción si la pensión fue concedida antes o después de la Carta Política.
Conozca los argumentos que tuvo en cuenta la Sala Plena de la Corte Constitucional para condicionar parcialmente los artículos 239 y 240 del Código Sustantivo del Trabajo. Cuatro magistrados salvaron el voto.
Con su proceder fue evidente el incumplimiento del deber funcional de respetar y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los reglamentos, previsto en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, concluyó la Sala Disciplinaria.
El colaborador había sido asignado a un proceso de reorganización empresarial y una vez posesionado no cumplió con el encargo. Conozca las implicaciones del caso.
La funcionaria judicial dijo que no se encontraba en condiciones de asistir a la audiencia programada, pues tenía una arritmia cardiaca que le imposibilitaba acudir al juzgado.
Ámbito Jurídico presenta a sus lectores un resumen de los principales temas que trae la Ley 1826 del 2017, sobre los denominados delitos menores, un intento para descongestionar el sistema judicial colombiano.
Esta acusación fue aceptada por el disciplinado en el 2013 y actualmente se encuentra recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá. Conozca las implicaciones del caso.
Según la Sala Disciplinaria, el haber privado a su poderdante del más fácil amparo frente a las peticiones de la demanda evidenció que el togado no se encontraba capacitado.
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública aclara que colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia de las compañías es un deber.
Un fallo reciente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior estudia el caso de un litigante administrativista hallado responsable de cometer la falta prevista en el numeral 1° del artículo 37 de la Ley 1123 del 2007.
El disciplinable se defendió argumentando la posible inexistencia de la falta, considerando que había desistido de la sustentación del recurso para impedir el trámite de un litigio innecesario.
La decisión indica que algunas exigencias contempladas en la Circular Externa 06 del 2007, expedida por la Supersolidaria, exceden lo establecido en el artículo 15 de la Ley 79 de 1988.
Para la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, los argumentos de falta de recursos no desvirtúan la mora excesiva en decidir una acción constitucional.
A la determinación se llegó, principalmente, porque no se cuenta con una herramienta que permita determinar los tiempos de duración de las audiencias para los jueces penales y promiscuos municipales que cumplen función de control de garantías.
Esta prohibición también implica solicitar de manera directa o indirecta estos agasajos o favores, indicó la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá.
Acción comunal es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo objetivo es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable.
Según la Sala Disciplinaria, esta conducta configura la falta a la debida diligencia profesional señalada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 del 2007.
Esta sentencia explica que en estos casos la competencia no la definen factores como la calidad del sujeto disciplinable, territorial o funcional, sino la naturaleza del hecho.
La Sala Disciplinaria precisó que este tipo de sanciones ejemplarizantes influyen como medio para disuadir a los demás profesionales del Derecho en cometer estas conductas.
Según una acción de nulidad, no es posible conferir al Concejo de Bogotá la competencia para expedir este tipo de estatuto, puesto que la Constitución no facultó a estas corporaciones para expedir códigos.
Corresponderá a la Cámara de Representantes culminar el trámite de la iniciativa, en penúltimo y último debate. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre este tema.
La Corte Constitucional advirtió que no se puede negar el derecho que tienen las personas condenadas a retornar a la vida democrática y al ejercicio de sus derechos.
La Corte Suprema enfatiza que las pruebas deben tener un contenido sustancial que permita advertir y predicar la inocencia de alguien que resultó condenado luego de agotadas las etapas de un proceso.
La Superintendencia de Sociedades tiene facultades para avocar su conocimiento, pero en la medida en que los estatutos no hayan pactado uno de los mecanismos alternativos.
Este es el caso de una abogada que siguió ejerciendo la profesión a pesar de estar sancionada, el Consejo Superior la excluyó del ejercicio del Derecho.
Una providencia explica los criterios que se deben evaluar para el ingreso, la desvinculación o la exclusión de las víctimas, los testigos e intervinientes, los fiscales y/o los servidores de la entidad al programa.
En la Sentencia C-586 del 2016, la Corte Constitucional dejó claro que estas prohibiciones establecen un trato discriminatorio y mantienen el estereotipo que diferencia entre trabajos para hombres y mujeres.
La jurista tenía un abultado prontuario disciplinario, en total cinco sanciones, como pudo constatar la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en su certificado de antecedentes.
Con la iniciativa no se limitarán los derechos fundamentales de los ciudadanos, precisa la senadora Viviane Morales. Repase la Sentencia C-683 del 2015, que condicionó varias normativas del Código de la Infancia y Adolescencia.
Fueron estudiados algunos requisitos de la ley que garantiza educación de posgrado al 0,1 % de los mejores profesionales y graduados en las instituciones de educación superior del país.
La Sección Segunda del Consejo de Estado analiza el alcance de la sanción en relación con el requisito de buena conducta exigido para el reconocimiento de la prestación.
Entre ellos que debe mediar un convenio entre los prestadores de servicios públicos y que los montos a cobrar por cada servicio deben ser totalizados por separado.
La Corte Constitucional indicó que esto va en abierta contradicción con el carácter resocializador de la pena, así como con los fundamentos mismos del modelo democrático.
Así mismo, en el último comunicado dado a conocer por la Corte Constitucional se encuentran dos decisiones más: sobre el fondo parafiscal de fomento fiquero y el uso del espectro radioeléctrico.
El operador judicial afectó el nombre de la justicia al determinar embargos de bienes cuya destinación era la población vulnerable, indicó la providencia.
La Corte Constitucional detalla los dos caminos existentes cuando no es posible acudir, en primera instancia, ante el consejo de administración o ante las autoridades de policía.
Por regla general se debe aplicar el término de caducidad regulada en la norma aplicable para la fecha de los hechos, pero existen excepciones a ese lapso.
Según la defensa del disciplinable, no fue su responsabilidad la pérdida del documento, por cuanto fue el defensor el que solicitó las copias y que para garantía de que los devolvería dejó un documento de identificación, forma que se acostumbra en los despachos judiciales.
El Consejo de Estado precisó que no cualquier sobrecosto que surja en la ejecución de las prestaciones puede ser calificado como rompimiento del equilibrio económico del contrato.
Luego de la decisión de la Corte Constitucional, se rehízo el texto del nuevo Código General Disciplinario, incluyendo tanto la sentencia del alto tribunal como los cambios introducidos por la reforma de Equilibrio de Poderes.
Según el Ministerio Público, las medidas correctivas de orden pecuniario para frenar el comercio informal vulneran el derecho a la propiedad de los vendedores.
Durante los días 3, 4 y 5 de noviembre, la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial desarrollará el XIII encuentro de género. La instalación del evento judicial más importante de la semana se programó para esta tarde, a las 5 p. m.
La Comisión Primera del Senado aprobó el proyecto que pretende adicionar el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, con el propósito de modificar el régimen de inhabilidades en materia de contratación pública.
Al ser requerido el profesional del Derecho reconoció lo sucedido y le informó a su cliente que por una necesidad económica había gastado el dinero recibido.
De acuerdo con el recurso de apelación, no se demostró que el jurista provocara un escándalo público, por cuanto en el incidente no hubo intervención de la policía que custodia permanentemente la sede judicial más importante de los antioqueños.
La Corte Constitucional informó la inexequibilidad de la expresión “las mujeres sin distinción de edad”, contenida en el Código Sustantivo del Trabajo.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia presentó una compilación jurisprudencial sobre las temáticas más relevantes de este estatuto procesal. Consulte los módulos de aprendizaje de la Ley 1564 del 2012.
Los negociadores del Ejecutivo viajaron a Cuba para reunirse con las Farc y analizar las propuestas recibidas de los representantes del No. Mientras tanto, el uribismo acusa a Santos de intentar desconocer los resultados del plebiscito.
Si bien no es desconocida la congestión que sufren los despachos del país, lo cierto es que la estadística de la funcionaria investigada no demostraba una alta carga que le hubiese impedido fallar oportunamente.
El contratista deberá ceder su contrato o, en su defecto, renunciar a la ejecución del mismo, indicó el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Así lo determinó la Sala Plena de la Corte Constitucional luego de estudiar una acción pública de inconstitucionalidad, en la cual se demandaba el numeral 2º del artículo 4° de la Ley 1678 del 2013.
Aunque el CPACA introdujo lo relativo a la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo, esta tecnología es concomitante con los medios físicos existentes.
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó esta sanción y una multa de más de $ 4 millones a un jurista por la comisión de las faltas previstas en el numeral 4° del artículo 30 y el literal d) del artículo 34 de la Ley 1123 del 2007.
Un juez omitió la aplicación de las tarifas establecidas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en los acuerdos 1887 y 2222 del 2003.
Sobre la determinación de la pena regulada en los preacuerdos, la Corte Suprema recordó que aunque se debe buscar el beneficio del procesado no opera de igual manera en todos los casos.
La Corte Constitucional declaró inexequible el requisito contemplado en el numeral 1º del artículo 4º de la Ley 1678 del 2013, informó un comunicado de prensa.