Frente a una acción pública de inconstitucionalidad que pretende la inexequibilidad parcial del artículo 140 del nuevo Código de Policía, el cual establece los comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, así como sus respectivas sanciones, la procuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, rindió concepto ante los magistrados de la Corte Constitucional. La normativa establece una serie de multas cuando una persona ocupe indebidamente  el espacio público y, adicionalmente, si esta conducta se realiza dos veces o más se impone el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación. Entonces, la jefe del Ministerio Público indicó que dichas medidas correctivas agravarían la situación de las personas que se dedican al comercio informal, pues, en todo caso, van dirigidas a la afectación de su patrimonio, con lo que se vulnera directamente su derecho a la propiedad. Pero también el mandato constitucional que proscribe la confiscación de los bienes legítimamente habidos y, de igual manera, se impide el ejercicio fundamental del derecho al trabajo. De ahí que para la Procuradora General esta vulneración de derechos y mandatos constitucionales, específicamente para un grupo poblacional que “reviste condiciones de vulnerabilidad especial por las condiciones de pobreza en que se encuentra”, indudablemente resulta desproporcionada. Esto quiere decir que, para el Ministerio Público, el numeral 4º y los parágrafos 2° y 3° del artículo 140 del nuevo Código de Policía son inconstitucionales.