El cumplimiento de la pena impuesta a un indígena por la justicia ordinaria se da bajo ciertas condiciones.

El beneficio aplicará para los propietarios que registraron un buen comportamiento vial por no reportar siniestros y renovaron la póliza de manera oportuna durante el 2020 y 2021.

Se desconocieron los derechos a la participación democrática y al debido proceso de los jóvenes accionantes al proporcionarles un solo puesto de votación.

Así lo determinó la Corte Constitucional al revocar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde desconocía su precedente, sin justificar las razones por las cuales se apartaba.

A la Relatoría de la Corte Constitucional no le corresponde responder derechos de petición de consulta.

Temas como el narcotráfico, la desigualdad y las reformas entre los aspectos más importantes del discurso de posesión.

El recién nombrado ministro de Justicia, Néstor Osuna, plantea desde ya las reformas y cambios estructurales en la cartera.

Seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y no podemos seguir en el país de la muerte, tenemos que construir el país de la vida, afirmó el presidente en su discurso.

Alcance de los requisitos para la acreditación de la judicatura frente a los derechos a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio.

El abogado externadista tiene Doctorado de Derecho de la Universidad de Salamanca.

Una vez comprobado que el agente padece un trastorno mental, corresponde al fallador discernir si tal condición anuló la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta.

Para los demandantes, la norma acusada desconoce el principio de unidad de materia.

Le corresponderá a la consejera Rocío Araujo volver a presentar la ponencia del caso.

Por medio de un concepto, el Ministerio Público precisó que los particulares que contribuyan a ocasionar un daño al patrimonio público pueden ser declarados fiscalmente responsables.

Se generó una vulneración del derecho a la libertad al permanecer el accionante en detención preventiva intramural a pesar de tener boleta de encarcelamiento para la domiciliaria.

El objetivo es la actualización/ampliación de las plantas de empleo y garantizar el trabajo digno y decente.

De acuerdo con el actor, la norma acusada desconoce el principio de reserva de ley y el de tipicidad.

De acuerdo con la actora, las normas acusadas vulneran los principios de consecutividad e identidad flexible.

Los demandantes consideran que la norma permite una dilación hasta de 10 meses para la materialización de un derecho necesario para satisfacer las necesidades vitales.

En concepto del Ministerio del Trabajo, es necesario que se reincorpore al ordenamiento jurídico el artículo 18 de la Ley 1122 del 2007.

Anoche se conoció que el presidente electo le ofreció al exmagistrado la cartera, pero fue rechazada por razones personales.

Aclaran posibilidad de aplicar ultractivamente las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, para conceder la pensión de sobrevivientes.

El área del proyecto hidroeléctrico en el río Sinú abarcaba zonas del Sistema de Parques Naturales Nacionales, protegidas constitucionalmente.

Es deber del funcionario judicial que realiza el control sobre la restricción de ponderar los derechos fundamentales que se encuentran en tensión.

Ninguna disposición vigente impide impulsar una impugnación de la maternidad o de la paternidad extramatrimonial o extramarital amparándose en la regla del artículo 219 del Código Civil.

La accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y la aplicación de la norma más favorable en materia pensional.

Según el artículo 247 del Código General de Proceso, la simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos.

Aunque el accionante indicaba que no se había emitido la póliza de seguro de vida en su favor por padecer VIH, la aseguradora logró demostrar lo contrario.

Cuando el POT sea expedido por decreto, no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá.

No tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la instalación del concejo municipal es una conducta constitutiva de desinvestidura.

Esta es la primera hoja de ruta que el Gobierno saliente deja al presidente electo Gustavo Petro.

La naturaleza del cargo implica funciones de confianza, por lo que su nombramiento es discrecional.

La Corte Constitucional hace llamado a una entidad bancaria para que proteja los derechos de las personas con discapacidad.

La autoridad competente para investigar la ocurrencia de este delito es la Fiscalía General de la Nación.

En virtud del principio de corresponsabilidad, se recomienda el acompañamiento de padres o cuidadores.

Los indicadores de goce efectivo de derechos (IGED) son mediciones que permiten calcular el porcentaje de población desplazada que efectivamente cuenta con sus derechos fundamentales.

Se presentan cuatro cargos, como el supuesto desconocimiento de la obligación constitucional de cumplimento del Acuerdo Final de Paz.

Se reguló la conformación de las comisiones con vigencia hasta el 2030.

La sala de casación solo tendría un término de hasta cinco años contados desde la notificación de la sentencia de segunda instancia para resolver el recurso.

Corte Constitucional niega tutela de Gobernador de La Guajira y deja en firme el fallo que declaró la nulidad de su elección por doble militancia.

El Presidente del Senado instaló las tres comisiones legales para el periodo constitucional 2022 – 2026.

De acuerdo con el demandante, se estaría privando a la Rama Judicial de las competencias para el cobro de las multas que se declaran a su favor.

Explican que la representación de la víctima en los delitos contra la administración pública corresponde a la Fiscalía General De La Nación.

El demandante afirma que los beneficios en pensión a veteranos de la fuerza pública vulneran el artículo 13 de la Constitución, esto es, la igualdad.

Si al 20 de junio del 2023 el Congreso no expide la legislación, se exhorta al Gobierno para que regule la materia.

Basta con manifestar el deseo de no querer recibir la cátedra para que pueda acceder al programa alternativo que debe estar previsto en el PEI.

Una de las pretensiones de la demanda es que se exhorte al Congreso y al Gobierno Nacional a adelantar la consulta previa respectiva para expedir la regulación orgánica.

La Corte Constitucional advirtió que el derecho a la libre expresión artística de los niños y adolescentes es fundamental para el desarrollo de su personalidad.

La norma estaría creando una discriminación injustificada para los usuarios de la justicia.

Cuando un bien se encuentra en disposición de una entidad con base en una actuación judicial debe brindar información detallada sobre su paradero.

Además de este proyecto, también se aprobó en la plenaria el Acuerdo Escazú y se instalaron formalmente las siete comisiones permanentes.

La Corte Constitucional ordenó la rectificación de algunas declaraciones que Daniel Mendoza hizo contra Álvaro Uribe Vélez.

En todo caso, deben tener en cuenta que la salud de los menores de edad es un derecho fundamental en cabeza del Estado y la sociedad.

El mandatario electo nombró a su nuevo Comisionado para la paz.

De acuerdo con los demandantes, el Acto Legislativo 03 del 2002 no admite excepciones en razón de la persona para la aplicación del sistema penal acusatorio.

Antes de proceder con la provisión de la vacante, sí se deberá informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Los autores principales provienen de los partidos de gobierno, mientras que la oposición solo ha presentado uno.

De acuerdo con el actor, la norma acusada vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia.

De acuerdo con el demandante, la norma quebranta el principio de presunción de inocencia.

El Ministerio Público solicitó declarar exequible el artículo 2 de la Ley 2161/21.

De acuerdo con el demandante, el Congreso no puede delegar funciones extraordinarias de regulación al jefe de Estado.

Conductas que podrían afectar la convivencia escolar deben estar previstas en el manual de convivencia.

Se deberán tomar medidas para la comprensión clara y uniforme acerca de las diferencias existentes entre el acta de sometimiento y el acta de compromiso en la jurisdicción especial para la paz.

DIAN no estaba habilitada para restringir el derecho de disposición de los bienes inmuebles que se encuentran en una zona franca.

Organizaciones defensoras de derechos humanos deben recibir una especial protección constitucional y la vulneración de sus derechos fundamentales es un asunto que debe ser resuelto por el juez constitucional.

De acuerdo con los demandantes, no hay unidad de materia y la norma trasgrede las competencias del concejo y la administración distrital.

Tiene ocho días para asegurar el cumplimiento de las órdenes proferidas en el marco del seguimiento al ECI.

Omisión de los funcionarios afectó a un colectivo de personas que pretendían participar en la contienda electoral del 13 de marzo del 2022.

Cargos directivos de los partidos o movimientos políticos no son empleos públicos o privados, sino cargos políticos.

Se establecerá dentro de Colombia una representación regional del Banco Europeo de Inversiones para asegurar la realización de sus actividades en el país.

La Ley 1757 del 2015 prevé cinco etapas por medio de las cuales se lleva a cabo el proceso de revocatoria del mandato.

El vocablo corresponde a un término acuñado en el Siglo XIX, presente desde las primeras codificaciones civiles, época en que la mujer era vista y valorada de forma exclusiva por su rol en la procreación.

Se debe determinar el acto documental gravado relacionado con licores, vinos, aperitivos y similares, en cuya expedición interviniera un funcionario de la entidad territorial.

Los apartes del artículo 142 de la Ley 2010 no fueron revisados por ineptitud sustantiva de la demanda y carencia actual de objeto.

Su creación estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social a través del Instituto Nacional en Salud.

Cuando el proceso está en curso, tutela no puede usarse como mecanismo paralelo o adicional de defensa.

De acuerdo con los demandantes, se trasgrede el derecho fundamental al debido proceso por desconocimiento del principio de legalidad de la sanción.

El cargo de inconstitucionalidad planteado no cumple con las exigencias mínimas de claridad, certeza, especificidad y suficiencia.

De acuerdo con la demandante, las expresiones acusadas vulneran el principio de autonomía territorial y son contrarias a la Constitución por asignar competencias hechas por una ley orgánica.

No se le puede atribuir a la presencia de símbolos religiosos una preferencia de las autoridades estatales por una religión o un credo particular.

Dentro de la convención colectiva se fijan las condiciones que rigen los contratos de trabajo y los preceptos de seguridad social.

El hallazgo se determinó luego de solicitar a la Registraduría Distrital verificar las bases de datos de defunciones.

Estado Contigo trabajará para prevenir la desnutrición, las distintas formas de violencia, las adicciones, la deserción escolar y el abandono de los menores de edad en condición de vulnerabilidad.

Los efectos de la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 2161 del 2021 se difieren hasta el 20 de junio del 2023.

La Corte Constitucional analizará el expediente en el que se pretende la inexequibilidad de un aparte del artículo 219 del Código Civil, modificado por el artículo 7 de la Ley 1060 del 2006.

La diferenciación para aplicar el aporte a la cotización mensual en salud al régimen contributivo a cargo de los pensionados partiendo de la base de su nivel de ingresos sería inconstitucional.

Las decisiones de las autoridades deben incorporar la perspectiva de género y un enfoque para la protección de la mujer frente a este tipo de violencia.

De acuerdo con los demandantes, la expresión demandada amplía la competencia de la Contraloría General de la República y de las contralorías territoriales.

Se admitió una demanda contra el artículo 11 de la Ley 2161 del 2021, relacionada con la supuesta vulneración de los artículos 157 y 160 de la Constitución Política, por desconocimiento del principio de identidad flexible.

Está prohibido de forma categórica cualquier beneficio a quien es investigado por delitos sexuales en contra de menores de edad.

Desplazamiento, salud, cárceles, seguridad de excombatientes y derechos de la niñez Wayuu son los temas que sigue la Corte Constitucional.

La declaración de una mujer que alega ser víctima de violencia de género se erige como única prueba en algunos escenarios.

Los jueces, al igual que todas las autoridades públicas, están llamados a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.

Se precisa la importancia del reconocimiento de la calidad de víctima para beneficios especiales previstos en la Ley 1448 del 2011.

Las fuerzas militares, en virtud de la invocación excepcional de la medida de asistencia militar, pueden apoyar las actividades de policía en pro de la restitución de la convivencia y, por ende, del orden constitucional.

Las autoridades públicas no pueden consagrar el país a determinado credo o figura religiosa mediante ningún tipo de acto.

Recorte de vacaciones, sesiones paralelas de las comisiones y plenarias simultáneas, entre las medidas que se usarían.

El profesional que retiene dinero de manera injustificada de su cliente puede ser investigado disciplinaria y penalmente.

En casos de violencia intrafamiliar resultan aplicables las mismas pautas generales que se emplearían para cualquier otro conflicto donde opere la responsabilidad civil extracontractual.

Es a través del recurso extraordinario de revisión que se revisan las providencias judiciales a través de las cuales se han reconocido pensiones con abuso del derecho.

Corte protege derechos de ciudadanos ante la falta de acción de las autoridades responsables de solucionar los problemas de alcantarillado en sus viviendas.

Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la eliminación de la Procuraduría encontramos diferentes posiciones.

Explican cómo opera la financiación de medicamentos ordenados a pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas.

No se incurre en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia cuando la entidad realiza actividades en desarrollo de la obligación legal y constitucional para la que fue creada.

Se negó una acción de tutela que buscaba se reconociera como víctima a una persona dentro de un proceso penal, al no acreditar tal calidad.

Los menores de edad tienen derecho a la identidad de género, lo cual comprende el derecho a acceder a los tratamientos médicos de afirmación de género.

Se configura una violación al régimen de conflicto de intereses cuando un concejal vota por la persona que dirigiría al ente de control disciplinario que lo investiga.

Qué dice la sentencia sobre el aborto, a raíz del comentario del presidente Duque en la conmemoración de la libertad religiosa y de culto en Colombia.

La Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 12, 50 y 52 de la Ley 2197 de 2022 los cuales modifican la Ley 599 del 2000 y la Ley 1708 del 2014.

Los egresados desarrollan una alta capacidad de análisis crítico sobre las diferentes problemáticas de la tributación en el país, sus implicaciones en la economía nacional y en la cultura tributaria.

A través de cuatro acuerdos, el Consejo Superior de la Judicatura creó cargos permanentes en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial del país.

Para el actor, el numeral 12 del artículo 1068 del Código Civil es inconstitucional porque viola el principio de igualdad y realiza una omisión legislativa relativa.

La empresa debe realizar todas las gestiones que tiene a su alcance para proteger los derechos de la comunidad, como evaluar los impactos del proyecto y consultarles sobre las obras

La Corte Constitucional estudió una demanda que se presentó contra el Decreto 403 del 2020, que regulaba los sistemas de control fiscal.

Se debe reconocer la pensión con las semanas cotizadas hasta el momento en que se presente el reconocimiento pensional.

Teniendo en cuenta que los recursos de los cargos transitorios se incorporan para financiar la creación de cargos permanentes en las altas cortes, se dan por terminadas su creación.

La acción de tutela es improcedente para controvertir asuntos de evidente complejidad técnica y legal y estos establecen otros mecanismos para su solución.

Con la ley se crea el fondo Prevenir es vivir, con el que se garantiza la financiación de planes y programas de prevención que busquen sensibilizar a toda la población sobre el peligro del uso, fabricación, manipulación, compra, venta y expendio de pólvora.

Explican la procedencia de la acción para proteger el derecho a la salud de las personas de la tercera edad.

En el caso de vías nacionales que atraviesan el perímetro urbano los municipios deben asegurar su debido funcionamiento, y el INVIAS encargarse del mantenimiento o la señalización.

Fue presidenta de la corporación y de las salas especiales de seguimiento a los derechos de las personas víctimas de desplazamiento forzado y de los privados de la libertad.

La Corte Constitucional precisó si la sustitución pensional reclamada por un hijo en situación de invalidez únicamente aplica cuando la PCL superior al 50 % acontece con anterioridad al deceso del pensionado.

Al adelantar trámite de cobro coactivo sin mediar debida notificación del mandamiento de pago se impide el ejercicio del derecho de defensa.

Con la finalización de esta declaratoria se retoman algunas medidas en varios sectores.

Durante el primer día, los sectores Transporte; Comercio, Industria y Turismo; Función Pública; Interior; Justicia; Trabajo y Hacienda entregaron su primer balance general.

La bonificación por compensación para magistrados de tribunal y equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte.

El carácter residual de la tutela impone al interesado desplegar todos los recursos de defensa ofrecidos por el ordenamiento jurídico.

Declaran constitucional este acuerdo para eliminar la doble tributación con respecto al impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias.

La educación media constituye, precisamente, la culminación o consolidación de la educación formal.

No todos los regímenes de responsabilidad patrimonial del Estado requieren la prueba de todos los elementos: daño, imputación, falla, riesgo, etc.

¿Quiénes son sujetos de protección y quién estarán a cargo de la misma? entre las adiciones que realizó la entidad.

Conservar la información laboral permite al trabajador ejercer sus derechos y a los sindicatos ejercer sus funciones.

Pretenden la nulidad de una norma proferida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre contribución de funcionamiento e inversión vigencia 2017.

La Corte Constitucional precisa los requisitos para la procedencia de la acción de tutela en el marco de la Sentencia T-361 del 2017.

De acuerdo con los accionantes, la norma demandada viola el derecho a la salud.

Admiten una demanda por posible omisión legislativa relativa, pues se vulnera el derecho a la igualdad.

Corte Suprema recuerda la función del juez desde una perspectiva de género, apreciar la situación de la mujer víctima de la violencia.

La realización de corralejas es una de las practicas exceptuadas de la especial protección contra el sufrimiento y el dolor que contempla el Estatuto Nacional de Protección Animal.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 224 de la Ley 599 de 2000.

Es susceptible de ciertas restricciones y está sujeto a garantías constitucionales.

Para la efectiva anulación se requiere que alguna de las partes pida que la nulidad se declare antes de que se emita la sentencia respectiva.

La Corte Suprema de Justicia acaba de modificar un precedente histórico en su jurisprudencia, la conocida sentencia del caso Roe vs. Wade, que en 1973 garantizó el derecho al aborto en EE UU.

Este es el escrito que descorre el traslado de las solicitudes de nulidad formuladas contra la Sentencia C-055/22.

Las expresiones establecidas en el contenido de la sentencia de divorcio desconocían los principios de igualdad, dignidad, acceso a la justicia y a la reparación.

Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y Comisión Nacional de Disciplina Judicial hacen llamado a operadores jurídicos a cumplir términos de remisión de expedientes.

Corte Constitucional dejó en firme la sentencia que declaró la nulidad de la elección de un alcalde por violar la prohibición de doble militancia.

El demandante busca que se declare la exequibilidad condicional del literal I) del artículo 2 de la Ley 797 del 2003.

Las entidades prestadoras de servicios de salud tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de menores de edad en permanencia irregular dentro del país.

Consejo de Estado aclara competencia para elegir al Contralor General de la República y a los contralores del orden territorial.

Según el demandante, la norma acusada desconoce el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y los artículos 29 y 93 de la Constitución.

Para el actor, se debe declarar la inexequibilidad del parágrafo del artículo 225A de la Ley 1952 del 2019, por ser contrario al debido proceso.q

Se debe tener en cuenta la legislación vigente que regula la expedición de visas, el ingreso y permanencia de extranjeros.

La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 1º (parcial) de la Ley 2111 del 2021, que adicionó artículos al Código Penal.

La libertad de expresión se encuentra protegida más allá del ámbito penal, al fungir como mecanismo de protección y de apoyo a mujeres víctimas de violencia ante la inacción de las autoridades.

Durante la declaratoria, el Gobierno expidió más de 294 actos administrativos, entre ellos más de 100 proyectos de decreto, resoluciones y circulares.

El juez de ‘habeas corpus’ no puede intervenir para obstaculizar, cuestionar o invalidar las decisiones de las autoridades competentes de una extradición.

Fue publicada la citación a la prueba de aptitudes, conocimientos y sicotécnica del concurso de la Rama Judicial para jueces y magistrados.

Rodolfo Hernández aún no confirma si aceptará la curul que le corresponde y señaló que esperará a ser notificado oficialmente.

En su primer discurso, Gustavo Petro realizó polémicas solicitudes a la Fiscalía y a la Procuraduría.

¿Quién es Gustavo Petro?, ¿cuál es su recorrido profesional y político? y ¿cuáles son sus propuestas en materia de justicia?

En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá sabemos que la justicia es un servicio público esencial con vocación de continuidad, es por esto que nunca nos detenemos.

Cuando la aclaración de un fallo no afecta la situación jurídica del sujeto no se viola la ‘non reformatio in pejus’, y mucho menos el debido proceso.

La Ley 2075 del 2021 sumó el subsidio familiar a los derechos a la seguridad social que disponía la Ley 1551 del 2012.

La Corte Constitucional publicó la sentencia que declaró la inexequibilidad de varios apartes de la reglamentación a la cadena perpetua.

Le corresponde al demandante la carga de demostrar que le asistía un mejor derecho en comparación con alguno de los funcionarios que continuaron en la entidad.

Advierten que exposición a campos electromagnéticos asociados a la conducción de energía en líneas de alta tensión no amenaza la salud humana ni a la población infantil.

La Corte Constitucional resolvió las demandas que se presentaron contra el artículo 124 de la Ley 2159 del 2021.

Ante el incumplimiento de una orden proferida en un fallo de tutela el beneficiario puede acudir ante el juez de primera instancia.

Conozca qué procede en los casos de pérdida o destrucción de expedientes y su relación con la acción constitucional de habeas corpus.

Las autoridades administrativas pueden establecer tanto días hábiles como no hábiles para la recepción de PQR.

El juez accionado incurrió en defecto fáctico al no valorar pruebas que darían cuenta de la condición de víctima de la ciudadana y del posible contexto de violencia de la relación de pareja.

La Corte Constitucional concluyó que la Ley 2088 de 2021 no incurrió en un desconocimiento de la reserva de ley estatutaria.

La autorización para retiro de copias enviada por el abogado no puede entenderse como una manifestación inequívoca con miras a reasumir el poder sustituido.

Autonomía universitaria y la implementación de programas de admisión especial.

Dicha situación administrativa se deriva del deber de la administración de acudir a ella antes de proveer el empleo.

Colegio tendrá que ofrecer disculpas a exalumna que fue señalada de hurto sin tener en cuenta el proceso disciplinario que contempla el manual de convivencia.

La negativa a debatir constituye una afrenta al derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la conformación del poder político.

No se exige tener en cuenta un número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral.

La Corte Constitucional declaró inexequibles las expresiones “el párroco o su delegado” sobre la norma de fundación y funcionamiento de juntas defensoras de animales.

En la designación de funcionarios del más alto nivel decisorio del poder público el porcentaje representativo de mujeres en ningún caso podrá ser menor al 30 % de los cargos a proveer.

Le corresponde a la autoridad judicial realizar un examen específico de la probabilidad real de incidir electoralmente, no es aceptable una valoración genérica o abstracta.

Corresponde a los juzgadores ser cuidadosos de sus deberes y sus expresiones para no atropellar los derechos inherentes a las personas que intervienen en los procesos.

La dependencia económica se predica del que habría extrañado los aportes del causante para satisfacer las necesidades básicas, en caso de la ausencia de estos: Corte Constitucional.

Descargue la ley que integra a la normativa nacional el Decreto Legislativo 806/20, con el cual se adoptaron las TIC para las actuaciones judiciales.

La Corte Constitucional señaló que el legislador excedió el amplio margen de configuración en materia procesal y fijó reglas con efectos retroactivos en esta decisión.

Según el demandante, la norma contemplada en la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera por omisión legislativa relativa el artículo 15 de la Constitución Política.

La Corte Constitucional determinó que el Congreso de la República, al crear y regular las CITREP, no excedió sus competencias en materia de reforma constitucional.

No procede el reconocimiento y pago de prestaciones sobre los lapsos en donde se presentaron interrupciones contractuales, así sean inferiores a 30 días hábiles.

Perjuicios causados por varios actos administrativos individuales debe intentarse separadamente, mediante los correspondientes procesos de nulidad y restablecimiento del derecho.

Los demandantes consideran que la norma acusada vulnera el artículo 58 de la Constitución Política, porque fija como indemnización el 10 % del valor comercial del predio dentro del procedimiento administrativo de expropiación.

No es viable la tutela contra los actos administrativos de carácter definitivo si existen los medios de control de los que conocen los jueces administrativos.

El accionante consideró que para alcanzar el acceso a la administración de justicia, la imposición de una sanción privativa de la libertad no es necesaria.

En los eventos que comprometan una violación grave de los derechos humanos se debe aplicar la flexibilización de valoración y apreciación de las pruebas.

Todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales.

Puede acudir ante los jueces de lo contencioso administrativo y controvertir la legalidad del acto.

El vocablo del artículo 1076 del Código Civil y su disposición integrada vulneran el derecho a la igualdad y a la intimidad de las personas en situación de discapacidad visual.

Confirman sanción a una juez por quebrantar principios constitucionales vinculados al acatamiento del precedente judicial.

En virtud del derecho a la autonomía universitaria los requisitos previstos en el plan curricular de cualquier ente educativo son de obligatorio cumplimiento para obtener el título de abogado.

Dentro de las medidas de pago de los recobros al Fosyga el incumplimiento del plazo previsto conlleva la causación de intereses moratorios.