¿Qué recomendaciones de la Comisión de la Verdad materializará el presidente Petro?

En su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro confirmó su compromiso con el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP y prometió seguir "a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad, que nos cuenta de muertos, depende desde qué fecha comencemos a contar. Cuando comenzaba a contar la Comisión de la verdad contó hasta la fecha 800.000 muertos por la violencia. Muertos colombianos, muertas colombianas, la mayoría humildes. No podemos seguir en el país de la muerte, tenemos que construir el país de la vida". 

En su campaña presidencial, el mandatario ya había anunciado su compromiso y apoyo a las instituciones del Sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición, pero ¿qué recomendaciones ha hecho la Comisión que se podrían convertir en reformas institucionales? ÁMBITO JURÍDICO revisó el texto y presenta las propuestas más importantes:

• Adscribir la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a un ministerio distinto al Ministerio de Defensa, con el fin de garantizar que la vigilancia y el control civil esté en cabeza del ministerio al que quede adscrita la Policía Nacional.

• Al Congreso de la República pide derogar la disposición de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que establece un término de reserva de 30, y mantener vigente como único plazo máximo de reserva el de 15 años, no prorrogable, establecido en la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Mientras tanto, a la Rama Judicial recomendó interpretar que el término máximo de reserva es el de la Ley de Transparencia, de 15 años, por ser posterior y pro personae.

• Realizar un debate público sobre la necesidad y conveniencia de mantener el fuero penal militar y, en todo caso, adoptar los ajustes normativos y político institucionales necesarios para que la Fiscalía General de la Nación asuma la competencia de investigación de las conductas punibles cometidas por los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, con excepción de las típicamente militares, y para que el juzgamiento de estas conductas corresponda a la jurisdicción ordinaria.

• Hacer los ajustes normativos pertinentes para que la Justicia Penal Militar investigue y juzgue solo las conductas típicamente militares y en ningún caso las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.

• Hacer los ajustes normativos pertinentes para que la Justicia Penal Militar no investigue ni juzgue ningún tipo de conducta punible cometida por la Policía Nacional.

• Fortalecer las estrategias de priorización, las metodologías de investigación de macro criminalidad y los equipos investigativos en la Fiscalía General de la Nación para dar una respuesta adecuada y oportuna en materia de persecución de los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública, especialmente las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.

• Realizar los ajustes institucionales, normativos y de política necesarios y promover las transformaciones culturales que se requieran para consolidar la nueva visión de seguridad. Entre otras priorizar las capturas y las desmovilizaciones sobre las muertes en combate, y el estricto cumplimiento de los principios y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.

• Proponer criterios de traslado y remoción de funcionarios que sean objetivos y verificables y que estén acompañados de una carga argumentativa para impedir que el ejercicio de las facultades de traslado y remoción retrase o impida el avance de investigaciones penales.

• Modificar la forma de elección del Fiscal General de la Nación para garantizar su independencia, sobre la base de criterios de mérito y reconocimiento de trayectoria profesional, publicidad y transparencia.

• La reforma o eliminación del ESMAD e incorporación de procesos de formación públicos y evaluables para prevenir la estigmatización y criminalización de movimientos y organizaciones sociales.

• Al Estado colombiano, a través del Gobierno Nacional y el Congreso de la República, a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, incluyendo al Consejo Superior de la Judicatura, implementar un cambio sustancial en la política de drogas, teniendo en cuenta la evidencia, que incluya superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga.
   

Se trata de reformas profundas que seguramente exigirán llevar al Congreso de la República propuestas de reforma constitucional y de ley, pero también un amplio debate público sobre lo que es conveniente para el país.