La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional concluyó que el señor Daniel Mendoza Leal vulneró los derechos fundamentales a la honra, buen nombre y presunción de inocencia de Álvaro Uribe Vélez.

El alto tribunal reafirmó que la posición que los funcionarios y figuras públicas ostentan como centros de notoriedad pública no supone que su honra y buen nombre estén desprovistos de protección constitucional. La Constitución no solo no permite, sino que prohíbe que la libertad de información sea utilizada como una herramienta para mancillar injustificadamente el prestigio de los funcionarios públicos y promover su estigmatización social, indicó.

Así mismo, se advirtió que el ejercicio periodístico llevado a cabo por Mendoza afectó el derecho de la sociedad a estar informada. En criterio de la Sala, la desinformación sobre asuntos de interés y relevancia pública relacionados con el funcionamiento del Estado y el conflicto armado es profundamente nociva, dado que le quita poder al individuo, robándole su autonomía para buscar información y formarse opiniones, destruye injustificadamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones y crea escenarios infundados de zozobra, terror y miedo que obstaculizan la consolidación de proyectos de reconciliación en la sociedad.

Resolvió el alto tribunal que el periodista tiene el deber de rectificar en condiciones de equidad la información publicada en redes sociales y en la serie “Matarife: un genocida innombrable”, ya que no satisface los principios de veracidad e imparcialidad. En el documento adjunto a esta nota podrá consultar los contenidos que se deben rectificar (M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera).