La procuradora general, Margarita Cabello, envió un concepto a la Corte Constitucional solicitando la exequibilidad del artículo 37 de la Ley Anticorrupción (2195 delq 2022), lo que permitiría que los particulares también puedan responder fiscalmente por daños al patrimonio.

Así mismo, indicó que la finalidad de vigilancia y control fiscal es preservar el patrimonio del Estado, por lo cual no es relevante la naturaleza de la persona que causa el daño al Estado, sino que sea posible recuperar el patrimonio.

También señaló que las normas constitucionales contemplan un sistema de control y vigilancia fiscal dirigido a salvaguardar el patrimonio público, el cual no solo tiene cobertura sobre los funcionarios públicos que ostentan la calidad de gestores fiscales, sino que también se extiende sobre los particulares, incluso si no tienen dicha condición.

Finalmente, precisó que el artículo 37 de la Ley Anticorrupción (2195 del 2022) precisa el alcance de la responsabilidad fiscal de los particulares siguiendo la jurisprudencia constitucional, para salvaguardar la moralidad en el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos.