La Corte Constitucional admitió una demanda que busca la inexequibilidad del artículo 61 del Estatuto del Consumidor, el cual le otorga facultad sancionatoria a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

De acuerdo con el actor, la norma acusada desconoce el principio de reserva de ley de que trata el inciso segundo del artículo 29 constitucional, al crear tipos sancionatorios administrativos en el que las conductas sancionables no tienen origen legal sino en conductas fijadas por la autoridad administrativa con ocasión a las atribuciones legales otorgadas por la ley, de tal forma que la definición de la conducta sancionable como componente del principio de legalidad se delega en una autoridad distinta del legislador.

También argumenta que se desconoce el principio de tipicidad y reserva de ley de las infracciones, pues tipifica como infracción la mera inobservancia de las normas contenidas en los reglamentos técnicos, de normas de metrología legal, de instrucciones y órdenes que imparta la SIC, sin delimitar la conducta sancionable, lo cual implica que el tipo administrativo carezca de certeza, claridad y determinación (Demandante: Milton José Pereira Blanco).