El Consejo de Estado decidió mantener la suspensión provisional del POT, al considerar que el Código de Procedimiento Civil permite conservar la vigencia de los autos de trámite proferidos.
A su juicio, no es suficiente superar las pruebas relativas al mérito, sino que, además, es preciso cumplir otras condiciones de carácter personal o social.
Las causales previstas en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994 que no están incluidas en la Ley 617 de 2000 pueden ser invocadas para controvertir la investidura de un concejal.
Quienes acuden a estas convocatorias para discutir las objeciones que el Ejecutivo formule a proyectos de acto legislativo exceden la función legislativa.
La Corte Constitucional recordó que es posible separar de sus progenitores a un infante víctima de desprotección o abuso, cuando esté plenamente probado que estos amenazan su integridad.
Los terceros que prestan el servicio deben llevar registros separados de sus actividades excluidas y gravadas, ubicando el de alimentación para pacientes en el primer grupo.
La Corte Suprema improbó preacuerdo con exfuncionario judicial vinculado al “carrusel de expedientes” que se presentó hace años en el Consejo de Estado.
Para el Consejo de Estado, no es excesivo que solo la educación para el trabajo y el desarrollo acumulado en los últimos 10 años se valore como experiencia académica.
La disposición impedía solicitar la anulación de un laudo dictado por un tribunal de arbitramento que podría carecer de jurisdicción y competencia para proferirlo.
El Consejo de Estado calificó como inaceptable acudir al sistema de consulta que maneja la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Desconocer sin debida justificación el precedente configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales.
La Sala Quinta de Revisión no realizó ese análisis al revocar el reintegro de un trabajador que alegaba haber sido víctima de coerción para acordar su retiro voluntario de la empresa.
El abogado debe fijar sus honorarios con criterio equitativo, justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo con las normas que se dicten para el efecto.
Si el infante ha convivido con la pareja conformada por uno de sus padres biológicos, y existe consentimiento respecto a la adopción, la orientación sexual no puede ser criterio para concederla.
A juicio de las demandantes, la disposición impide la efectiva realización de los derechos de los menores, como sujetos de especial protección por parte del Estado.
Las restricciones legales para que las parejas del mismo sexo adopten generan estigmatizaciones que pueden tener consecuencias negativas en los infantes, advirtió.
Un documento privado es auténtico si ha sido reconocido ante juez o notario, en los términos del numeral 1º del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil.
Estudios indican que existe un peligro de que se produzcan daños graves en la salud por la exposición a largo plazo a este tipo de radiación, sin que haya certeza científica absoluta.
El Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación de los autos en los que el tribunal resuelva las excepciones previas, cuando este último actúe como juez de instancia.
No se consideran dispositivos móviles inteligentes excluidos los teléfonos que tienen como función principal la prestación del servicio de telefonía móvil.
El hecho de que los responsables de delitos políticos o conexos puedan ejercer funciones de ese tipo no desconoce los derechos de las víctimas, indicó.
La protección del patrimonio cultural de la Nación tiene especial relevancia en la Carta, pues constituye un signo o una expresión de la cultura humana.
La medida, adoptada por solicitud de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conjura el cese indefinido de actividades al que había convocado Asonal Judicial.
Desconocer el régimen de inmunidades jurisdiccionales es una nulidad insaneable, de acuerdo con los artículos 140 y 145 del Código de Procedimiento Civil.
Aunque el artículo 19 de la Ley 975 del 2005 imponga la obligación de mantener un buen comportamiento, se debe evitar que una falta menor impida el goce del beneficio.