Una demanda de inconstitucionalidad se interpuso en contra de las expresiones “ingresos corrientes” y “las transferencias” contenidas en el artículo 64 y el numeral 1° del artículo 71 de la Ley 1617 del 2013, por desconocer, supuestamente, la autonomía administrativa y financiera de los distritos. Al destinar a las localidades el 10 % de los recursos que componen los ingresos corrientes, como lo ordenan tales disposiciones, los alcaldes no pueden asegurar totalmente el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo, indica el escrito. Además, los apartes acusados disponen de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, para conformar el presupuesto anual de los fondos de desarrollo local, lo que vulnera preceptos constitucionales, concluye (demandante: Raúl de Jesús Lugo Hernández).