La Sección Segunda del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el artículo 1° del Decreto 359 del 2000, que reglamenta el sistema de formación profesional integral que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Para el demandante, esta norma viola el artículo 67 de la Constitución, pues el Congreso de la República es el órgano encargado de desarrollar o regular la formación y habilitación profesional en sus distintas modalidades. Sin embargo, esta competencia se la atribuyó el Ejecutivo, estipulando un régimen de excepción a las regulaciones propias de calidad de la educación que se imparte en el Sena para los trabajadores colombianos. Por su parte, advierte que se viola el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política, ya que a través de potestad reglamentaria el Gobierno no puede sustituir el papel del legislador (C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren).