La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare exequible la norma que impone que sea por orden del fiscal que se devuelvan los bienes y recursos incautados que no sean necesarios para el desarrollo de la respectiva indagación (artículo 88 parcial de la Ley 906 del 2004). A juicio del Ministerio Público, no se afecta el cumplimiento de las funciones atribuidas al ente de control por el artículo 250 de la Constitución, específicamente la de proteger el material probatorio, como lo ordena el numeral 3º, ya que se trata de elementos que no son indispensables para el desarrollo de la actuación, como lo indica la propia disposición demandada. Añadió que dejar en cabeza del juez con funciones de control de garantías esta potestad atentaría contra los derechos de quien mantiene un interés legítimo en los elementos incautados. La ponencia será proyectada por el magistrado Luis Ernesto Vargas.