La Corte Constitucional dio su aval a la designación mediante libre nombramiento y remoción en el servicio diplomático y consular del Ministerio de Relaciones Exteriores (literales d), e) y g) del artículo 6° del Decreto - Ley 274 del 2000 y numeral 2° del artículo 5° de la Ley 909 del 2004). A su juicio, se trata de cargos de dirección y asesoría que demandan un alto grado de confianza, circunstancias que ameritan exceptuar la aplicación de la regla general, que obliga a optar por la carrera administrativa como el método más adecuado para la vinculación de personal a la función pública; de ahí que, en su criterio, los apartes demandados no controvirtieran lo ordenado por el artículo 125 de la Constitución. La Procuraduría, por su parte, consideraba que la Sala debía declararse inhibida de examinar de fondo la demanda (M. P. Martha Sáchica).