La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para analizar la demanda que busca permitir que los funcionarios puedan participar de las controversias propias de los partidos políticos sin ser sancionados; sin embargo, precisó que, de encontrar viable el examen, el alto tribunal debe declarar exequible la disposición, que establece como falta gravísima este tipo de participación por parte de los servidores del Estado (numeral 39 parcial del artículo 48 de la Ley 734 del 2002). A juicio del organismo de control, el texto demandado no llevaría a que se castigara cualquier tipo de participación política, sino una que afecte el desarrollo de la función pública, ya que debe interpretarse en armonía con el artículo 5º del Código Disciplinario Único, que solo permite sancionar las conductas que incidan en el desarrollo de las labores propias del cargo. Indicó que si bien la Constitución no prohíbe la participación en política para los funcionarios, sí impide que esta se haga en forma indebida, de lo cual se debe entender, dice, que el texto acusado establece a partir de cuándo debe considerarse que se utiliza el cargo para fines políticos. La ponencia será presentada por Mauricio González Cuervo.