El otorgamiento del beneficio a uno de los padres no excluye la posibilidad de que se otorgue al otro, siempre y cuando no sean concomitantes.
Derecho a constituir partidos políticos o movimientos políticos.
Interesante pronunciamiento sobre el derecho de acceso a la administración de justicia y el cumplimiento de fallos judiciales en el marco de una acción popular.
Busca consolidar el marco normativo que estructurará la ruta de formalización masiva y acceso a la tierra para campesinos.
El Decreto 1851 del 2021 reconfiguró la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificó el régimen de competencias internas y asignó nuevas funciones, amparado en el cumplimiento a una sentencia de la Corte IDH.
Los destinatarios de la “repetición” que prevé el Decreto 1072 del 2015 son los particulares investidos de funciones públicas.
Al expedir un documento que beneficiaba a un trabajador en un proceso disciplinario valiéndose de un cargo que ya no poseía, la profesional incurrió en la falta disciplinaria.
El Gobierno acaba de incrementar la prima que se reconoce para la atención de cada usuario dentro del plan de beneficios en salud, esta se conoce como la unidad de pago por capitación (UPC).
La norma desconocería situaciones que deberían permitir a los sujetos emitir información relacionada con la vida sexual, marital, conyugal o familiar del sujeto pasivo de un delito contra la libertad y formación sexual.
Debe preferir medios de control menos invasivos, que tengan un mínimo de perjuicios, sin vulnerar los derechos mínimos de sus colaboradores.
El Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto porque el Gobierno ejerció dos facultades reglamentarias distintas.
El pronunciamiento se da en un escenario de violencia institucional que vulneró los derechos fundamentales de una mujer afrodescendiente en condición de discapacidad cognitiva presunta víctima de violencia sexual.
Independientemente de que los profesionales reciban o no honorarios por parte de sus prohijados, la obligación de actuar con celosa diligencia subsiste y su incumplimiento deriva en falta disciplinaria.
La acción de tutela para la protección del derecho a la consulta previa-improcedencia por cuanto medidas adoptadas por autoridad municipal son de carácter general y no afecta directamente a la comunidad indígena.
La iniciativa hace reformas al Código Penal y otras normas como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Código de Extinción de Dominio.
Esta conducta es entendida como la dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es titular el servidor estatal.
Concejales de Bogotá presentaron la acción contra el parágrafo transitorio del artículo 6 y la totalidad del artículo 14 de la Ley 2116 del 2021.
Es preciso que se dé estricto cumplimiento a la Ley 581 del 2000, con la cual se reglamenta la efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.
Recuerdan el deber que tienen las autoridades públicas de adelantar y resolver las actuaciones a su cargo de forma diligente y oportuna.
Un hombre se vio afectado por la emergencia ambiental que se desencadenó por la obstrucción de los túneles de la presa del megaproyecto Hidroituango y la consecuente creciente del río Cauca.
La Corte Constitucional ordenó a la UGPP el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de sobreviviente a un hijo en condición de discapacidad cognitiva.
El régimen podrá consistir en el otorgamiento, temporal, de dispensas, suspensiones, licencias, permisos o cualquier otro mecanismo de flexibilización.
Se cumplieron los requisitos formales para su expedición en sus fases previa gubernamental, trámite ante el Congreso de la República, sanción presidencial y envío a la Corte Constitucional.
Se configura una especial relación de sujeción entre el extranjero y el Estado en los traslados por protección como en la detención con fines de proceso migratorio.
A las personas que pertenecieron a organizaciones armadas que enfrenten las fuerzas del Estado y se acogieron al mencionado instrumento de desmovilización no les aplica “privilegio del combatiente”, pues no es un conflicto armado internacional.
La notificación personal se entiende surtida transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr al día siguiente de la notificación.
Dos acciones de tutela pretendían que se permitiera acceder a visitas íntimas en los establecimientos de reclusión, en las condiciones preexistentes a la pandemia.
El Presidente de la República había formulado objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia al proyecto de ley “por medio del cual se reglamenta la actividad del entrenador deportivo”.
Héctor Riveros obtuvo 22 votos; Luis Manuel Lasso, 16 y hubo un voto en blanco.
La condecoración es una distinción creada para resaltar la importancia de la labor que para la democracia desempeñan los magistrados, jueces y empleados judiciales.
Se crea un trámite incidental para que los jueces de familia tasen los perjuicios, determinen la existencia y entidad del daño causado y ordenar las reparaciones que en derecho correspondan, con plenas garantías de defensa y contradicción para las partes.
De igual manera, el presidente Duque anunció que el subsidio de transporte se fijó en $ 117.172.
La grabación de una llamada telefónica entre el quejoso y el disciplinado que no cuenta con autorización o consentimiento no es válida como prueba en el proceso disciplinario.
Materias que son expresión del poder punitivo o sancionador del Estado no pueden ser objeto de regulación mediante decretos administrativos que se expidan por el gobierno con sujeción a las normas generales contenidas en la ley marco de aduanas dictada por el congreso de la republica con fundamento...
Se modifica el documento "Restricciones en la nómina y en la contratación estatal con ocasión de las elecciones a la Presidencia, Vicepresidencia y Congreso de la República".
El alto tribunal concluyó que la norma acusada vulneró el principio de igualdad en perjuicio de las comunidades NARP, y que han debido ser incluidas como destinatarias de la exoneración.
La implementación de la política tiene un costo indicativo estimado de $ 123.633 millones.
Colpensiones había concluido que no era una mujer para efectos pensionales y no tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pues no tenía los 62 años exigibles a los hombres.
Se adiciona el Capítulo 3 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 del 2015, único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, con el fin de crear la Misión.
La Corte Constitucional protegió el derecho a la defensa técnica y a la doble conformidad de un ciudadano que no conoció las posibilidades de impugnar su condena.
Minjusticia expidió un decreto que modifica el artículo 9 del Decreto 2266 de 1969, con el cual da cumplimiento a lo ordenado en una sentencia del Consejo de Estado.
Se tuvo que determinar si una tutela sometida a revisión configuró la figura de la temeridad o de la cosa juzgada constitucional, en razón a que los jueces que conocieron de la acción de amparo afirmaron que el actor ya había recurrido a este escenario judicial.
Ante la dicotomía presentada por la remisión de los correos electrónicos es necesario atender el derecho sustancial del ciudadano por encima del procesal.
Es el único medio que permite que pueda surtirse un proceso penal en contra de los responsables de estos delitos.
Sostener que los árbitros no comprometen la responsabilidad del Estado implica desconocer la función de la administración de justicia.
El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió de manos del Rey Felipe VI de España el premio World Peace & Liberty Award, de la World Jurist Association.
Se enfocará en la promoción del Estado de Derecho como instrumento para el desarrollo de las naciones, ofreciendo una visión integral de grandes asuntos que preocupan a la sociedad y al mundo jurídico.
Excepción de inconstitucionalidad no es exclusiva de las autoridades judiciales, sino de toda autoridad que evidencie conflictos con postulados constitucionales.
La norma hace referencia a lo recibido al inicio de la gestión, durante el desarrollo o como producto de la misma y que no se entregue de manera oportuna.
Servicios e insumos de salud se deben garantizar de manera continua, oportuna, permanente y eficiente, sin barreras administrativas.
Para dar cumplimiento al fallo que declaró inexequible el régimen pensional de congresistas y magistrados no es necesario el consentimiento del beneficiario.
Los criterios y principios que debe observar el juzgador cuando determina, gradúa y tasa la sanción cumplen un papel preponderante.
La Fiscalía no acreditó más allá de toda duda que el procesado tenía capacidad económica o ingresos para cumplir.
Tras reconocer que los huéspedes vieron afectada su intimidad, se concluyó que no era procedente excluir las pruebas de observación.
Solo ante razones justificadas y debidamente sustentadas ante el afiliado es posible modificar la información contenida en la historia laboral.
Según la demandante, se destinan los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines distintos a ella.
Según la demanda, siendo una regulación un asunto de naturaleza intrínsecamente restrictiva y delimitativa, deberá ostentar rango de ley.
El articulado detalla la estructura orgánica y objetivos de la cartera de Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución.
El incremento que decrete el Gobierno permitirá mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores que perciben esta prima.
Es necesario verificar si hay plazas disponibles para reubicación y, en caso contrario, asegurarse de que estas personas sean las últimas desvinculadas.
Limitación en el tiempo para iniciar la acción es coherente con lo establecido para la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
El periodo de facturación o consumo no siempre coincide con la fecha o mes en que se realiza la expedición de la factura.
Falta de información y buen consejo de las AFP también afecta el derecho de libre elección de régimen pensional.
La Sección Primera actualmente tiene a su cargo una demanda que persigue la nulidad de dicho acto administrativo.
Se reitera que está prohibido cualquier tipo de discriminación y las acciones en ese sentido deben ser sancionadas disciplinariamente.
Esta guía hace precisiones sobre la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ya que esta restricción fue modificada por la Ley 2159 del 2021.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia realizó un debate titulado Las fronteras del juez: entre la creación y la interpretación del derecho.
No se probó en el proceso cuáles fueron las actuaciones de las autoridades que vulneraron las garantías de los demandantes.
Según la Corte, los postulados del instrumento cuestionado son compatibles con los mandatos constitucionales y valiosas herramientas.
La norma demandada hace menos estrictas las causales de inhabilidad de los diputados, frente a las causales de inhabilidad previstas para los congresistas.
No hay impedimento para que quienes continúen asegurados y cotizando accedan a una pensión que cubra un riesgo distinto al reconocido.
Se acreditó que la demandada estaba incursa en la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994.
La disposición cuestionada desconoce la autonomía de los entes territoriales para administrar sus recursos.
Consejo de Estado absuelve a la Nación por homicidio de un civil y desplazamiento de su grupo familiar.
Es necesario que todas las áreas comunes sean accesibles y ejercer una vigilancia preventiva en el otorgamiento de licencias de construcción.
Los demandantes plantean que no existe cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia C-355, y que la evolución de la jurisprudencia constitucional nacional e internacional permite ir más allá de las tres causales previstas.
En el fallo se resaltan las reglas y subreglas que han robustecido el criterio hermenéutico de esa condición, a través de las sentencias SU-442/16 y SU-556/19.
Según algunos magistrados, el amparo invocado ha debido concederse y proteger el derecho al debido proceso.
El texto advierte que la disposición modifica únicamente el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 del 2005.
Luego de haber sido negada una medida cautelar, es posible concederla si han ocurrido hechos sobrevinientes que ameriten la intervención.
Pueden acudir ante la Fiscalía cuando crean que deben denunciar hechos médicos que presuntamente constituyan delitos.
No hay contexto que permita referirse en términos desobligantes a un juez de la República, afectando su buen nombre o reputación.
Cuando hay un cambio de sistema procesal por renuncia o por adquisición del fuero constitucional durante la etapa de investigación conservará validez todo lo actuado y se parte de la base que hay equivalencia funcional.
A juicio de los demandantes, se indujo a error al ente territorial al conducirlo a firmar el acto sin una coordinación previa entre entidades.
El Congreso no incluyó dentro de la excepción a las personas que perdieron su vivienda por razones completamente ajenas a su voluntad.
Sorpresivamente, una decisión de la Corte avaló la postura en virtud de la cual el Procurador General puede dar un trato igualitario a personas que no están en una misma situación.
La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de un ciudadano protegido por ser víctima de la violencia.
A juicio del Ministerio de Hacienda, el articulado suscitaría un impacto fiscal negativo en las finanzas de la Nación.
Este tipo de expresiones constituyen el ejercicio del derecho de participación en el control del poder político consagrado en el artículo 40 de la Constitución.
Escoger el procedimiento de la Ley 906 del 2004 no puede llegar al extremo de que ese ejercicio libre torne nulo lo actuado en el sistema anterior.
Pasar por alto la situación de aquellos puede generar una lesión inaceptable a otros mandatos constitucionales.
Además de vulnerar el artículo 34 de la Constitución, la Ley 2098 desconoce la resocialización como fin de la pena.
En un municipio pueden prestar el mismo servicio público varios prestadores que estén debidamente constituidos.
Corresponde al juez de lo contencioso administrativo comprobar un comportamiento doloso por parte de la persona o un actuar a título de culpa grave.
Según el fallo, el juez natural para conocer y dirimir estas controversias será el juez laboral de lo contencioso administrativo.
De manera unánime, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del numeral 8º del artículo 79 del Código Disciplinario Militar (Ley 1862 del 2017).
El debido proceso debe regir todas las actuaciones adelantadas en procesos judiciales o en trámites administrativos.
El fallo explicó quiénes tienen la facultad de solicitar ante juez de control de garantías la imposición de medida de aseguramiento.
Según el fallo, son procedentes estos descuentos en el porcentaje del 12 % señalado en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993.
El cumplimiento de la medida estará a cargo de los propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales. Asobares expresó que esta medida deja más interrogantes que certezas.
El Senado de la República elegirá al nuevo magistrado que remplazará a Rojas, a quien se le vence su periodo el 22 de febrero del 2022.
Consejo de Estado recuerda el alcance de la figura de la consulta por desacato.
En cuanto a los defectos en la motivación de las decisiones, la Corte recordó las cuatro situaciones que se han identificado.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra un aparte del artículo 219 del Código Civil, modificado por el artículo 7 de la Ley 1060 del 2006.
El demandante indicó que en el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representante no se cumplieron las exigencias constitucionales de publicidad.
El trato preferencial consiste en que antes de procederse al nombramiento las personas con una situación especial deben ser las últimas en removerse.
La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 29 (parcial), 30 (parcial), 97 (parcial), 123 (parcial) y 144 del Decreto Ley 71 del 2020.
Estos son los argumentos de la Sala Plena para mantener la investidura del senador Gustavo Petro.
Esta pensión se creó como un beneficio para las personas que dejan las armas, buscan el camino de la legalidad y tienen un deseo explícito de vivir en paz.
La celeridad y las garantías de la acción de tutela no implican que pueda ser interpuesta el número de veces que se estime más conveniente.
Tutelas que han reconocido indemnizaciones en temas pensionales no dan lugar a que los jueces inobserven requisitos de subsidiariedad.
El operador jurídico debe dar a la demanda el trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada.
El fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
La nueva norma dispone, por única vez, una amnistía para quienes se pongan al día en los 12 primeros meses de vigencia y para quienes lo hayan hecho con anterioridad.
La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno y al Congreso adoptar las medidas necesarias que aseguren el funcionamiento de esta instancia.
De manera excepcional puede admitirse la tutela contra los fallos de la misma naturaleza y respecto de actuaciones surtidas en el trámite.
La presunción de inocencia no es garantía cuando está de por medio la protección de un menor víctima de presunto abuso sexual.
El fallo explicó en cuáles casos es factible la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y la acumulación de cotizaciones en el marco de dicha normativa.
Las entidades deberán analizar en detalle la necesidad y especialidad del servicio, lo cual debe quedar claro y expreso en los documentos.
Según el fallo, la PILA está sujeta a las potestades de fiscalización confiadas a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social.
La Corte Constitucional declaró exequible el numeral 1º del parágrafo primero del artículo 3º de la Ley 789 del 2002.
Aunque concluye el examen preliminar, se mantiene la complementariedad con la CPI para compartir información y tener reuniones periódicas.
Corresponde a todos los actores de la sociedad, incluidos quienes administran justicia, procurar la erradicación de toda forma de discriminación contra las mujeres.
Cualquier barrera que se imponga para la expedición de la cédula vulnera el derecho a la personalidad jurídica del interesado.
Según el accionante, el inciso atacado vulnera el principio de recuperación de costos consagrado en el artículo 367 de la Constitución Política.
La fusión no puede convertirse en un mecanismo para evadir el cumplimiento de obligaciones distintas de las de tipo económico.
El accionante fue contagiado mientras se recuperaba de la explosión por una mina antipersonal, lo que afectó gravemente su proyecto de vida.
Según el fallo, demostrar la omisión de los agentes de las fuerzas militares y de policía encierra una serie de dificultades probatorias.
La Función Pública explica que busca formalizar los empleos públicos con la reducción de dichos contratos, para que pasen a ser parte de las plantas de personal.
En la Rama Judicial existen dos regímenes de vacaciones: las individuales y las colectivas, consagradas en el artículo 146 de Ley 270 de 1996
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 2081 del 2021.
El artículo 139 (parcial) del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 fue demandado reciénteme por un ciudadano.
Les solicitaron también imponer de manera inmediata las sanciones a las que haya lugar por el incumplimiento de las medidas sanitarias, como el cierre del establecimiento.
Las medidas del Gobierno se dan con el fin de garantizar la efectividad de las acciones afirmativas en favor de los recicladores como sujetos de especial protección constitucional.
El Consejo de Estado decretó esta pérdida de investidura al considerar que incurrió en tráfico de influencias debidamente comprobado.
La Corte le hizo un llamado a la entidad para que responda las solicitudes que presenten los ciudadanos de manera oportuna, clara y precisa.
Las sillas de ruedas hacen parte del PBS y, aunque no pueden ser financiadas con cargo a la UPC, las EPS pueden adelantar recobro.
Es constitucionalmente admisible que al abogado se le exijan unos comportamientos que aseguren la probidad y honradez en la profesión.
La presunción de inocencia del sujeto de la publicación se mantiene incólume hasta la expedición de una sentencia condenatoria.
Permitir la aplicación de la Ley 600 del 2000 desconoce la prohibición prevista en el Acto Legislativo 03 del 2002, sobre modelo inquisitivo.
¿Cuáles son los elementos esenciales del negocio jurídico societario? La Superintendencia de Sociedades, a diferencia de un sector de la doctrina nacional y de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, excluye la denominada affectio societatis de tales elementos.
Lo relacionado con el traslado exprés dentro del sistema de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media fue eliminado con 102 votos por el no y 26 por el sí.
El procedimiento y parámetro para efectuarlo le corresponde definirlo al legislador, en uso de su libertad de configuración legislativa.
Si no toman las medidas necesarias para evitar que las cuentas se queden sin dinero deben asumir con sus recursos la póliza de renta vitalicia.
El Estado creará e implementará un plan de capacitación y sensibilización a funcionarios sobre actos y manifestaciones de violencia contras las mujeres.
El demandado demostró que superó los 15 años de experiencia que la propia Constitución Política impone para el ejercicio del cargo.
Los asuntos contractuales surgen de la voluntad de las partes y no corresponden a una declaración unilateral de la administración.
No hacerlo dejaría de lado que el entendimiento más favorable de la disposición en comento pretende subsanar el déficit de protección.
No se desconoce el principio de consecutividad e identidad flexible, ni el derecho a la consulta previa de las comunidades étnicamente diferenciadas.
No se puede afirmar que tanto la vejez como la invalidez implican un deterioro de la productividad y, por tanto, recaen sobre el mismo riesgo.
Para resolver dudas académicas e investigativas, Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, presentó un derecho de petición a la Corte.
En caso de renuncia, la prohibición se mantendrá durante los seis meses siguientes a su aceptación.
No solo el empleador puede coartar el derecho de los trabajadores de seleccionar el régimen pensional que estimen conveniente.
No puede considerarse que la cabildante incurrió en falta disciplinaria por haber participado en la elección del personero.
La condición de enfermedad en fase terminal desconoce la autonomía del paciente que desea terminar su vida.
El comunicado de prensa es una herramienta útil para informar las decisiones, las cuales tienen efectos a partir del momento en que se adoptan.
Durante la visita de trabajo a Washington y Nueva York, los días 11 y 12 de octubre, el mandatario se reunirá con directivos de alto nivel de organismos multilaterales, banca de inversión y empresarios de ese país.
El criterio para seleccionar empleados debe corresponder con el trabajo específico a desarrollar, siendo prohibido acudir a cualquier práctica que afecte los derechos de los aspirantes, recuerda Mintrabajo.
Colombia como Estado se cimienta en la protección de las diferentes cosmovisiones y creencias personales.
Tal circunstancia se tipificaría con independencia del abandono en un tipo penal de homicidio o en una tentativa de homicidio.
No corresponde a la entidad emitir un acto general de interpretación sobre requerimientos de acreditación, pues esta atribución es exclusiva del legislador.
Conozca los argumentos que podrían motivar la terminación de un nombramiento en provisionalidad
El rol asignado a los magistrados suplentes no está asociado a la posibilidad de reforzar el funcionamiento de las salas y secciones.
Así mismo, el empleado a quien se le asignen las funciones no tendrá derecho al pago de la diferencia salarial.
Aunque se accediera a lo pretendido, el cuestionado seguiría siendo el ganador con una ventaja de 5.332 votos.
Al contralor territorial le resulta aplicable la inhabilidad sobre ejercicio de autoridad administrativa en el mismo municipio.
La verificación, actualización y validación de la información de la historia laboral compete a la entidad que recibe o acepta una afiliación.
La corporación aclaró que la nulidad originada en la sentencia se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional.
Los requisitos para el cargo de secretario general no son obstáculo para que el Gobierno pueda fijar un régimen salarial especial.
El disciplinado dispuso el traslado sin consideración alguna sobre los criterios de urgencia y/o necesidad que debían ilustrar la decisión.
Dentro de los 40 aspirantes a magistrado del alto tribunal, solo hay tres mujeres.
El profesional incurrió en la falta relacionada con aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos.
Una cosa es que una empresa coordine y otra muy distinta que subordine al empleado, lo cual es característico de un contrato de trabajo.
Condicionan norma a que no se puedan menoscabar derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.
Acorde con la Sentencia SU-508 del 2020, no se deben imponer barreras que impidan a los usuarios acceder a los servicios de salud que requieren.
La vulneración del derecho fundamental no debe ser hipotética, sino que debe encontrarse expresamente probada en el expediente.
Existen situaciones límite y excepcionales que permiten una protección médica que exceda la atención básica en urgencias.
Los presuntos responsables de la violación de derechos fundamentales son a quienes les corresponde probar que no lo están haciendo.
El alto tribunal se estuvo a lo resuelto en la Sentencia C-017 del 2018 e hizo precisiones acerca del término de duración.
La Corte Constitucional declaró inexequible una expresión del numeral 3º del artículo 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 2006).
Esta figura no requiere un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra la expresión “hermanos uterinos” del artículo 54 del Código Civil.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 575 del 2021, hasta tanto se tramite el respectivo control de legalidad.
Exigencia de apostilla de documentos académicos para el proceso de convalidación, en términos generales, es razonable.
El movimiento no reunió los requisitos constitucionales y legales para conservar la personería jurídica que le había sido reconocida en 1997.
Las solicitudes de traslado deben cumplir los términos fijados para su presentación y valoración de los requisitos.
El control judicial de esas decisiones debe armonizarse con los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La atención de urgencias a migrantes irregulares que sufren graves padecimiento de salud debe estar permeada por un enfoque de derechos humanos.
El concepto de reparación en nuestro ordenamiento jurídico tiene una connotación amplia para evitar limitar su alcance al plano estrictamente económico.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el Decreto 403 del 2020 y subsidiariamente contra algunas disposiciones de esta norma.
La contabilidad llevada en forma irregular no constituye ni siquiera principio de prueba que permita complementarse con documentos anexos.
Esta y otras muy interesantes temáticas relacionadas con el comercio internacional y la inversión extranjera son objeto de estudio en nuestro programa de Especialización en Derecho de los Negocios Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
El articulado detalla la estructura orgánica y objetivos de la cartera de Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución.
El legislador no previó expresamente el mecanismo por medio del cual se debe suministrar el calzado y vestido de labor.
Se analizó una demanda contra el artículo 307 (parcial) del Código General del Proceso, por la presunta vulneración de varios principios constitucionales.
La divulgación de datos privados o semiprivados que tengan fines sensacionalistas está prohibida por la Constitución.
La administración de justicia con enfoque de género consiste en la resolución de conflictos, a través de los medios procesales previstos para tal fin.
Las agremiaciones expresaron su preocupación por la medida, coinciden en afirmar que tendría un impacto directo en la desigualdad y en materia fiscal para el país.
La Corte Constitucional declaró inexequibles el numeral 12 del artículo 77 y el numeral 7° del artículo 78 de la Ley 1862 del 2017.
La disposición que contiene el aparte condicionado establece el fortalecimiento financiero de la educación superior pública.
