Buscan inconstitucionalidad de norma que permite al Gobierno regular el negocio de franquicia

De acuerdo con lo previsto en el último inciso del artículo 333 de la Carta Política, la regulación del negocio jurídico de franquicia debe provenir de la Rama Legislativa, teniendo en cuenta que se trata de un asunto limitativo de la libertad contractual sometido a reserva de ley, entendido este precepto como la imposición que el Constituyente fijó para que determinadas materias sean desarrolladas, únicamente, por dicha fuente específica.

Con este argumento, se radicó ante la Corte Constitucional una demanda que busca la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 2069 del 2020, según el cual el Gobierno nacional promoverá el modelo de franquicias como alternativa para el emprendimiento y la expansión de Mipymes y, para estos efectos, reglamentará las condiciones técnicas que definen la franquicia, las obligaciones y el régimen de responsabilidad del franquiciante y el franquiciado a que haya lugar.

Según el texto de la demanda, admitida el pasado 11 de noviembre, la sola regulación de un contrato mercantil implica, por definición, la fijación de conceptos, adopción de parámetros y delimitación de libertades que restringirán el actuar de las partes interesadas en celebrar este tipo de acuerdos, independientemente de la laxitud o flexibilidad de la misma normativa.

Por lo tanto, agrega, siendo una regulación un asunto de naturaleza intrínsecamente restrictiva y delimitativa, la norma que pretenda establecer un régimen jurídico abstracto para el contrato de franquicia conllevará una delimitación de la libertad económica y, por ende, deberá ostentar rango de ley.

En efecto, señaló el demandante, debido a la atipicidad actual del contrato de franquicia, los comerciantes pueden decidir ampliamente sobre las condiciones y obligaciones a pactarse, según lo estimen conveniente, a la luz de su libertad contractual y en virtud de su autonomía privada. La adopción de una regulación que defina y delimite el alcance de dicha libertad contractual, al adoptar e imponer parámetros predefinidos en torno al contrato de franquicia, de obligatoria observancia para los comerciantes, derivará en una restricción de la libertad contractual de estos, en virtud de la regulación adoptada, precisó.