La Corte Constitucional analizó el caso una mujer víctima de múltiples violencias en razón de su género. La accionante tuvo una hija, producto de un presunto abuso sexual en su contra.

Para el alto tribunal, tanto la comisaría de familia como la Fiscalía vulneraron los derechos a la dignidad, a una vida libre de violencias de género y al acceso a la administración de justicia por incumplir la obligación de debida diligencia que impone a todas las autoridades y funcionarios competentes de investigar casos de violencia contra la mujer y actuar bajo estrictos parámetros de celeridad y eficacia.

De otra parte, estableció que las entidades del sistema de seguridad social en salud que atendieron a la ciudadana vulneraron sus derechos fundamentales a la capacidad jurídica y a la autonomía de la voluntad en el marco de su salud sexual y reproductiva, al implantarle un dispositivo de planificación familiar a largo plazo sin su consentimiento.

También advirtió vulnerado el derecho de la actora a conformar una familia y a no ser separada de la misma, en tanto su hija recién nacida fue entregada a una de sus tías sin ser informada.

Se concluyó entonces que el Estado colombiano falló en su tarea de proteger de manera efectiva los derechos fundamentales de la accionante perpetuando las violencias que se han ejercido en su contra y causándole daño al no asumir con la debida diligencia su caso. Por ello, profirió una serie de órdenes para remediar esa violación masiva de sus garantías constitucionales, las cuales pueden ser consultadas en el documento adjunto (M. P. Diana Fajardo Rivera).