Si la absolución se da por alguno de los eventos previstos en el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, la responsabilidad debe juzgarse bajo un régimen objetivo.
La Superintendencia de Notariado y Registro (Supernotariado) les recordó a los notarios la normativa que rige el manejo de la documentación en sus despachos.
La excesiva demora en el trámite del proceso de justicia y paz es una de las principales razones por las que el ente investigador pide reformar la ley.
La propuesta reforma el artículo 11 de la Constitución, con el fin de que el derecho a la vida sea protegido desde la fecundación hasta la muerte natural.
Como el dinero no es un activo fijo susceptible de ser enajenado dentro del giro ordinario de los negocios de una empresa, su pérdida no puede deducirse.
La ineficacia opera de pleno derecho, para sancionar efectivamente el incumplimiento de la obligación de trasladarle las sumas retenidas a la administración tributaria.
Las autoridades de tránsito podrán imponerles las sanciones previstas en el Código de Tránsito a quienes no enciendan las luces en carretera, teniendo en cuenta la gravedad de la falta.
Redactar los contratos con letras ilegibles o difíciles de leer a simple vista se considera una práctica abusiva por parte de las entidades financieras.
El juez de las acciones populares cuenta con mecanismos judiciales eficaces para proteger los derechos colectivos, diferentes a la anulación de los actos, explicó la Corte Constitucional.
Para la Corte Constitucional, la regulación del arancel judicial no requería el trámite de una ley estatutaria, pues no se refiere a la estructura básica de la administración de justicia.
Para la Corte Constitucional, la medida es el resultado de un estudio cuidadoso que hizo el Congreso con el fin de propiciar la generación de empleo formal.
Así lo informó la Procuraduría General de la Nación, con base en datos extraídos del Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad.
El proyecto, que deberá ser aprobado por las plenarias de Senado y Cámara, prevé la obligación de ofrecer garantía sobre todos los bienes y servicios que se comercialicen en el país.
Según el Minprotección, el hecho de que esta prestación social deba liquidarse anualmente no implica que el término prescriptivo corra desde ese momento.
El Legislativo solo ha calificado como servicios públicos esenciales los relacionados con la banca central, los servicios públicos domiciliarios y la seguridad social.
El empleador no puede desconocer su deber de suministrarle al trabajador los elementos de trabajo o de protección, ante los riesgos a los que pueda estar expuesto.
La Sala Penal de la Corte Suprema dio a conocer el auto en el que ratificó la ilegalidad de las pruebas obtenidas en el operativo militar en el que se dio de baja a alias Raúl Reyes.
El empleador no se puede negar al pago en ninguna etapa del contrato, pues de toda relación laboral se deriva el reconocimiento de salarios y prestaciones sociales.
Aunque no llegó a un consenso con las altas cortes, el Ejecutivo radicó su proyecto. La Corte Suprema y el Consejo de Estado advirtieron que la iniciativa pone en riesgo la separación de poderes.