La Corte Constitucional declaró exequible el aparte de la norma que otorga competencia a las autoridades departamentales, distritales y municipales para asignar funciones administrativas, académicas o pedagógicas a los docentes directivos que se desempeñen como supervisores y directores de núcleos educativos (Ley 715 del 2001, art. 39). El alto tribunal consideró que dicha asignación de funciones constituye un desarrollo del artículo 122 de la Constitución Política. Según el demandante, esta asignación debía estar en cabeza del Ministerio de Educación, porque son cargos con funciones específicas y la norma constitucional señala que debe estar detallado en la ley o en un reglamento. Sin embargo, la Sala señaló que el “reglamento” del que habla la disposición hace alusión a normas de contenido general, expedidas en desarrollo de una ley existente por parte de autoridades en ejercicio de funciones administrativas y no exclusivamente al ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno Nacional. “Es decir, que el concepto reglamento como fuente para la definición de las funciones de cada empleo público no excluye la posibilidad de que se trate de actos diferentes a los de la administración central o nacional”, dijo la corte (M. P. Mauricio González).