En sentencia del pasado 25 de agosto, la Sección Quinta del Consejo de Estado señaló que el Decreto 2061 del 8 de junio del 2010, que hizo efectiva la destitución impuesta por la Procuraduría al gobernador del Valle del Cauca, tuvo efectos desde su expedición. El alto tribunal afirmó que aunque este decreto fue suspendido temporalmente por una decisión tomada en vía de tutela, esta se revocó y por ende la suspensión nunca existió. Basada en el artículo 303 de la Constitución, la corporación concluyó que la convocatoria a elecciones para proveer ese cargo se ajustó a derecho, porque la vacante absoluta se presentó con más de 18 meses de antelación al vencimiento del periodo constitucional (C.P. Susana Buitrago Valencia).