El Gobierno acaba de reglamentar dos decretos con fuerza de ley relacionados con el Fondo Nacional de Calamidades (FNC), expedidos bajo el pasado estado de emergencia económica, con el fin de asegurar la eficiente ejecución de sus recursos y efectuar un adecuado seguimiento de los mismos. Una vez las entidades estatales reciban los recursos, deberán iniciar inmediatamente las gestiones para su ejecución, advierte el nuevo decreto. Si dos meses después del desembolso o de la aprobación de los recursos no han adjudicado el contrato o celebrado el convenio, el FNC podrá solicitar la devolución de los recursos o revocar la aprobación respectiva. Cuando las entidades contraten la ejecución de obras, deberán contratar una interventoría, cuyo costo no podrá superar el 7% del valor de la obra respectiva, incluidos los impuestos, y si se trata de la entrega de alimentos, artículos de cocina, aseo personal y otros menajes, pagos de arrendamiento y/o alojamiento, el costo de la misma no podrá superar el 5% del valor del contrato.