El Consejo de Estado admitió una demanda contra el Decreto 2677 del 2010, de los ministerios de Hacienda y de la Protección Social, mediante el cual se autoriza al Distrito Capital para afiliar a sus concejales y ediles al régimen contributivo y descontarles el aporte a la pensión. La demanda solicitaba la suspensión provisional del artículo 1 de la norma, por estimar que vulneraba el derecho a la igualdad. Esta pretensión fue desestimada por la Sección Primera, por considerar que no se indicaron de forma precisa las disposiciones que se consideran infringidas ni expresó el concepto de la violación (C. P. Rafael E. Ostau De Lafont).